L A Guardia Civil ha desmantelado en la provincia de Cádiz una trama organizada que utilizaba empresas ficticias para que numerosas personas se beneficiaran fraudulentamente del cobro de prestaciones por desempleo y ayudas familiares. Más de trescientos individuos están implicados en una operación que de momento contabiliza unas noventa detenciones, principalmente en las comarcas de Jerez y la Sierra gaditana. Se trata, según la propia Guardia Civil, de una estafa sin precedentes por el número de implicados que supone abrir la caja de Pandora de este tipo de fraudes y poder hacerles frente con mayores garantías en el futuro. Casos como éste demuestran que no se puede bajar nunca la guardia ante este tipo de delitos, y mucho menos en estos tiempos, pues el dinero que se defrauda procede de fondos públicos destinados a personas que realmente lo necesitan. No es la primera vez que la provincia de Cádiz es noticia por una operación de este tipo, pues aún suenan los ecos de Halcón y Karlos, la primera por un caso de fraude masivo a la Agencia Tributaria, con cientos de empresas implicadas, y la segunda por una estafa a la Seguridad Social a través de falsas bajas de invalidez. Han pasado ya muchos años desde entonces pero salta a la vista que la actividad fraudulenta no ha cesado. Uno de los motivos puede ser la escasa ejemplaridad de las penas con las que, en el mejor de los casos, han escapado muchos de sus responsables de tramas anteriores. De hecho, los dos presuntos cabecillas de la organización desarticulada ahora, dos hermanos residentes en Jerez, contaban con antecedentes por hechos similares. Parece claro que hay que disponer de los medios humanos y materiales necesarios y aumentar la coordinación entre la Policía, la Guardia Civil, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para la lucha contra cualquier tipo de fraude, y más los que permiten a algunos apropiarse de fondos de finalidad social y fortalecen una imagen distorsionada y lamentable de Andalucía.