POCO a poco, muy poco a poco, las comunidades autónomas están entrando en razón y entendiendo que la reducción del déficit público va también con ellas. Por el lado de los ingresos, Cataluña ha marcado tendencia al aumentar algunos impuestos, aunque la subida tiene más de medida política ejemplarizante que de voluntad recaudatoria objetiva.

Por el lado de los gastos, el adelgazamiento de las estructuras autonómicas ha derivado en la reducción de consejerías y altos cargos. Galicia y Castilla-La Mancha han sido las más austeras, mientras que la propia Cataluña y Andalucía mantienen el más elevado número de departamentos, alegando la primera que lo lógico es esperar a que se celebren las próximas elecciones territoriales y la segunda que ya Griñán redujo el organigrama en su reciente crisis de gobierno.

El problema está, como he escrito otras veces, en que el auténtico despilfarro no viene del mayor o menor número de consejerías de los gobiernos regionales, sino de la proliferación de organismos dependientes de éstos que han brotado como las setas sin que ningún responsable político se haya preocupado de demostrar su necesidad. ¿Que exagero? En el año 2007 había 2.001 fundaciones, consorcios, empresas públicas, sociedades mercantiles, organismos autónomos y otras variantes. Ahora, pese a la crisis, hay 180 más. Esto parece la multiplicación de los panes -de eso comen muchas criaturas- y los entes (seamos constructivos: aquí ente equivale a sociedad pública, no a "sujeto ridículo o extravagante", que es la segunda acepción de la palabra en el Diccionario).

La argumentación favorita de los gobernantes autonómicos, de unos u otros partidos, para justificar esta eclosión de entes públicos es que con ellos se agiliza la gestión al liberarse de los corsés de una Administración Pública lenta, pesada y poco adecuada para las complejidades de la vida moderna. Pero, aparte de que bien podrían acometer la cacareada reforma para que la Administración sea eficiente y rápida, la otra parte de la realidad es que, gracias a los entes, los responsables políticos pueden eludir los controles funcionariales en materia de contratación, inversiones o personal y, al mismo tiempo, reubicar a altos cargos, militantes y simpatizantes caídos en desgracia en las querellas internas partidistas o en las batallas electorales. En fin, que fundaciones, consorcios, empresas públicas y demás instituciones son muy útiles para la clase política y su entorno, menos útiles para asegurar una buena gestión y completamente contraproducentes para un erario público desangrado por todas partes.

También Cataluña y Andalucía han sido las comunidades que más han abusado de la creación de entes. Cataluña acaba de suprimir 63. A ver cuántos reduce Andalucía. Lo espero con ansia.