ES grave lo ocurrido el domingo en Galicia. Una manifestación, convocada por la asociación Galicia Bilingüe en contra de la imposición del gallego en aquella comunidad autónoma, con el lema "Libertad para elegir", ha sido boicoteada por un grupo de independentistas. Los actos violentos de los independentistas han provocado heridos, destrozos y que al menos 8 de los independentistas hayan sido detenidos.

Las autonomías españolas se han convertido en especies de fortalezas intocables, islas con leyes propias que el Estado español no se atreve a cuestionar, ni aún a examinar o inspeccionar. La autonomía de las Autonomías (valga la redundancia), está suponiendo, a menudo, una vulnerabilidad para los ciudadanos. Un ejemplo reciente es la denuncia del maltrato a menores en residencias de acogida de varias comunidades autónomas, y la respuesta de Cataluña, diciendo que sólo tiene que rendir cuentas ante sus propios órganos. Pero hay otros ejemplos. En la enseñanza media andaluza se prepara una reforma de los departamentos de los institutos, que traerá la marginación de los tradicionales conocimientos. En lugar de los de Lengua y Literatura, Matemática, etcétera, se crearán Departamentos de la Paz, Igualdad, etcétera. Un cambio de esta envergadura, demagógico y empobrecedor, sería escandaloso, provocaría críticas, debates y quizás la intervención de la Unión Europea, si lo hubiera propuesto el Ministerio de Educación de España. Pero al tratarse exclusivamente del "ámbito andaluz", son pocos los enterados o interesados.

El caso del idioma español (o castellano) en las comunidades bilingües es emblemático de este comportamiento excesivamente autónomo de las autonomías. Esas Comunidades han decretado, por su cuenta y sin riesgo, la marginación del español en sus territorios. Resulta sintomático que en la manifestación de Santiago no participara nadie del Partido Socialista, y sólo hubiera miembros del Partido Popular o de formaciones minoritarias como UPyD o Ciudadanos. Me parece irónico que el Gobierno español promueva el español en todo el mundo, cree innumerables Institutos Cervantes, mientras en España las comunidades bilingües establecen como buenos sólo los idiomas otros, discriminando el español en sus programas de enseñanza, en sus medios de comunicación, en sus exigencias a los funcionarios públicos. Más irónico, e inquietante, resulta el hecho de que exigir la posibilidad de estudiar en español en España pueda suponer ser atropellado. La promoción del español, habría que decirle al Gobierno, debería empezar por la propia casa.