LA Comisión Europea, que vigila la evolución de los países miembros en mayor riesgo de desestabilización, ha analizado la situación de la economía española y fijado sus recomendaciones ante la elaboración de los próximos presupuestos generales del Estado. El análisis del órgano de gobierno de la UE elogia los esfuerzos realizados por España, a raíz de la reconducción de la política económica decidida hace poco más de un año, para reducir el déficit público hasta limitarlo al 3% del PIB en 2013. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de que el nivel del gasto público se sitúe por debajo del crecimiento económico previsto, lo que obliga a ajustar las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta recomendación debe ser atendida, lo cual exige que los dos grandes partidos nacionales aparquen sus disputas sobre las deudas, déficits y facturas de las autonomías que se disponen al traspaso de poderes y se centren en un objetivo común: pactar un tope de gasto en todas las comunidades y negociar los recortes que sean precisos para cumplir con las exigencias de la estabilidad financiera del país. PSOE y PP han de dejarse de demagogias y sectarismos porque este país no puede permitirse el lujo de deteriorarse más ante los mercados internacionales con los que somos deudores. Los comisarios europeos, convencidos de que la economía española aún debe mejorar notablemente su competitividad, aconsejan al Gobierno que reduzca las cotizaciones sociales para bajar los costes laborales, en beneficio de la reactivación y el empleo, y que suba el IVA y los impuestos sobre la luz, el gas y las gasolinas, que compensarían la caída de ingresos del Estado por la citada merma en las cotizaciones. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se ha apresurado a rechazar esta opción, y no le faltan argumentos. El incremento impositivo supondría castigar más aún al consumo y, con él, lastrar las posibilidades de favorecer la producción y combatir el primer problema de España, que no es otro que la atonía y el paro.