Exclusión financiera

La banca debe mostrar más sensibilidad con los aspectos que afectan a la sociedad o a colectivos sociales

Al hilo de la noticia que ayer publicaba Granada Hoy en relación al acuerdo entre la Diputación de Granada y Bankia para que un ofibus recorra las localidades sin oficina bancaria y poner fin así a una exclusión financiera que afecta en la actualidad a 39.000 vecinos de 60 pueblos, se pone de manifiesto que hay alternativas para los problemas que crean a los ciudadanos del medio rural tanto la digitalización, como las políticas neoliberales y de recortes que la banca desarrolla.

También este acuerdo propone la formación digital y de banca electrónica en los municipios de la provincia sin sucursal bancaria a través de Guadalinfo, la red de innovación social de Andalucía.

Mi opinión es que con la digitalización estamos ante un tsunami que va a cambiar muchos de los modos de relación a los que hemos estado acostumbrados durante decenios y, desgraciadamente, en algunos casos pueden ser cambios a peor.

Y es muy probable que con el paso de pocos años encontrar una sucursal bancaria sea algo raro porque la inmensa mayoría de las personas nos relacionemos con nuestros bancos de manera virtual.

Lo que resulta imprescindible es no descuidar medidas imaginativas que eviten la exclusión de las personas por el hecho de que vivan en pueblos o ciudades de entornos rurales. De no pensar en las exclusiones y en los excluidos, aparecerán nuevos colectivos atrapados en la desigualdad y es obligado que los responsables públicos incorporen acciones novedosas e imaginativas para evitar las nuevas formas de exclusión.

Habrá que evaluar los resultados de esta iniciativa para valorar su eventual extensión a otras provincias, pero ya es enormemente positivo saber que el tema está en la agenda política.

En cualquier caso la banca debe mostrar más sensibilidad con los aspectos que afectan y perjudican a la sociedad o a determinados colectivos sociales específicamente. Muchas entidades bancarias han sido rescatadas en España con dinero público y eso obliga más si cabe a mostrar una sensibilidad especial ante este tipo de problemas.

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