Res Pública

José Antonio Montilla

montilla@ugr.es

El Fiscal General

Debería modificarse la Constitución para que el nombramiento fuera propuesto por el Congreso

La noticia más importante de esta semana ha sido el relevo de una treintena de fiscales, en distintas sedes judiciales. El proceso se ha visto empañado por acusaciones de "purga ideológica" en cuanto ha afectado a los fiscales que más se habían destacado en la lucha contra la corrupción del PP. Cuando el ex fiscal superior de Murcia, impulsor de procedimientos judiciales contra el Presidente de esa Comunidad, ha denunciado presiones y coacciones estalla el escándalo político.

Sin embargo, el Gobierno sabe manejar bien estas situaciones porque conoce la idiosincracia de los españoles. Hacemos mucho ruido durante unos días pero luego este escándalo es solapado por otros sucesos posteriores sin que nada cambie. Nos sobran exabruptos y nos falta perseverancia para corregir aquello que funciona mal. Porque el problema no está en los relevos que hace el Fiscal General sino en el procedimiento de nombramiento de esa institución. Mientras sea el Gobierno quien nombra al Fiscal General es evidente que tiene una capacidad de influencia sobre esa figura que distorsiona su actuación. Ha ocurrido siempre, con todos los Gobiernos, sólo que en este caso se ha actuado con especial descaro por la coincidencia temporal con el conflicto de Murcia.

Por tanto, lo ocurrido con el relevo de los fiscales debería servir para abrir el debate sobre la figura del Fiscal General del Estado. Es la cúspide del Ministerio Fiscal, a quien la Constitución otorga una función esencial en un Estado de Derecho: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Por ello, es fundamental que su regulación le otorgue la auctoritas que merece su función, y sea visto así por la ciudadanía. La valoración de sus méritos e idoneidad por el Congreso resulta insuficiente mientras la propuesta de nombramiento sólo pueda hacerla el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, debería modificarse la Constitución para que el nombramiento fuera propuesto por el Congreso de los Diputados, con una mayoría cualificada de 3/5. Al exigirse un amplio consenso para la designación del Fiscal General, éste resultaría fuertemente legitimado en el ejercicio de su función, sin vincularse al gobierno coyuntural. A partir de ahí, su actuación debería ser transparente en las instrucciones al resto de fiscales. De esa forma, se garantiza no sólo la legalidad sino también la imparcialidad, exigida por la Constitución. Este debate sobre cambios concretos es el que debería estar en la calle, en lugar de las estériles quejas sobre el mal funcionamiento de nuestra democracia.

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