LOS editores de periódicos españoles han reclamado al Gobierno que en la anunciada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se acuerde de proteger una de las propiedades intelectuales más vulneradas, y más impunemente, en la sociedad actual: la que tienen los periódicos sobre sus contenidos.

No puedo estar más de acuerdo con la patronal de este sector en el que trabajo, cuya producción es confiscada de forma sistemática por los buscadores y agregadores de noticias en Internet. El principal, Google News, que se apodera de las noticias y comentarios de los diarios digitales sin pagar un solo euro. Es como si fueran al quiosco y se llevaran el periódico de papel por la cara.

La excusa de estos piratas de nuevo cuño es, claro está, que las nuevas tecnologías han cambiado de arriba a abajo el proceso de la comunicación, que se impone el acceso universal a la información, que nadie puede ponerle puertas al campo y que ellos sólo facilitan una difusión que los medios convencionales no podrían ni soñar. Vale, pero es que cobran por eso y no aceptan que cobren también los creadores de esos contenidos que ellos propagan. No son benefactores de la humanidad que sacan la mercancía informativa de las leyes de la oferta y la demanda para regalársela a millones de personas, sino mercaderes que comercializan mercancías fabricadas por otros -a través de las inserciones publicitarias logradas por el buscador- sin compensar a esos productores por el uso de su trabajo. Incluso aunque regalasen los contenidos informativos, rehusaran la publicidad y todo lo hicieran por amor al arte, ¿acaso no es un robo quitarle una cosa a alguien que no quiere darla para entregársela a un tercero?

Para hacer frente a esta situación injusta, y para intentar sobrevivir a una crisis que ha mermado los ingresos de los medios informativos hasta poner en peligro la existencia misma de muchos, los empresarios de prensa españoles han pedido formalmente el Gobierno que haga como sus colegas de Francia y Alemania: impulsar la implantación de tasas a todos los buscadores que utilicen contenidos elaborados por los periodistas para llevarlos a todo el mundo en su propio beneficio. Antes lo habían hecho en Brasil. La remuneración no afectaría, en todo caso, a los usuarios individuales y blogueros que puedan enlazar o utilizar cualquier noticia, sino a esas grandes compañías mercantiles que viven -muy bien- del trabajo ajeno. Eso es todo.

Por si faltaba poco, Google es uno de esos gigantes tecnológicos que facturan cientos de millones de euros en España, pero refactura la mayor parte a Irlanda, para tributar allí, con una fiscalidad más favorable. La declaración a Hacienda de la filial española le sale a devolver. No es ilegal, pero da más rabia todavía.