La vivienda es un bien de primera necesidad, y habitar una vivienda digna es un derecho constitucional, pues difícilmente se puede vivir sin un techo, un suelo, unas paredes y unos servicios básicos adecuados. Sin embargo, los especuladores y los gobiernos cómplices llevan décadas utilizando nuestras ciudades y nuestros hogares como un mero bien de inversión.

La actual burbuja del precio de la vivienda, y en especial de los alquileres, está expulsando a la población de las grandes ciudades, y Granada sin ser de las mayores está en los puestos de cabeza. Eso sí, todavía quedan miles de viviendas vacías en las coronas metropolitanas cuyos propietarios (principalmente bancos) están aprovechando una vez más esta nueva ola de refugiados de los ataques especulativos. Y para colmo el efecto dominó está afectando seriamente al coste de la vida de quienes actualmente habitan las periferias.

Imaginemos por un momento que fuera otro bien primario como los alimentos el que multiplicara su precio, evidentemente la revuelta social sería inminente. Pues en el caso del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad sucede algo parecido pero con tiempos diferentes.

Por eso han pasado 7 años desde que un 15 de mayo millones de personas ocupáramos pacíficamente las calles y las plazas, reclamando entre otras cosas que no queríamos ser una mercancía en manos de esos políticos y banqueros que juegan con nuestras vidas como si fuéramos las fichas de un casino. El descontento con la crisis y los efectos de la burbuja inmobiliaria sobre los hogares llenaron nuestro país de indignación. Ahora, con la nueva burbuja especulativa se abre de nuevo el escenario de la crisis cuyos efectos debemos evitar urgentemente.

¿Y qué hacen los políticos?, pues como siempre reaccionar tarde y mal, aunque las alcaldías del cambio ya están actuando con contundencia, ayuntamientos como el de Granada y gobiernos autonómicos como el andaluz siguen negándose a invertir en vivienda pública, y continúan fomentando la masificación turística sin ordenar este sector, mientras el PP de Mariano Rajoy devuelve los pagos en dinero B favoreciendo a los especuladores al aplicar leyes como la de arrendamientos urbanos y al venderles a precio de ganga las viviendas que compramos en el rescate de los bancos.

Pero la ciudadanía activa ya está respondiendo, y este sábado 19 de mayo por la tarde nos convocan para decir que Granada no está en venta, que nuestras vidas valen más que sus beneficios y que reclamamos el derecho a vivirlas aquí, en nuestra ciudad. El mes de mayo fue clave para Granada en 2011, y lo seguirá siendo en el futuro. Que nadie lo dude.