ES un disparate sin paliativos que el Ayuntamiento vaya a desembolsar dos millones de euros este año para pagar las horas extras de la Policía Local. ¿Qué empresa privada, con más de 500 personas en plantilla, añadiría dos millones en servicios extraordinarios a los sueldos convenidos? Ninguna. Y no porque los momentos críticos actuales obliguen a moderar o suprimir los gastos incontrolados sino porque el sentido de la eficacia política exige que las administraciones funcionen correctamente, sin concesiones superfluas. Y la Policía Local de Granada -la de mayor plantilla de Andalucía en relación al número de habitantes- funcional mal.

Es inconcebible que los agentes, para prestar los servicios normales que requiere una ciudad mediana, que incluyen el botellón, los mercadillos, los desfiles procesionales y la vigilancia en las fiestas y concentraciones ciudadanas, tengan que facturar entre 50.000 y 60.000 horas extraordinarias al año. Solo la mala organización y la dejadez de los mandos (políticos o policiales) son responsables de ésta y de otras anómalas circunstancias que afectan a la Policía Local granadina. Por ejemplo, la elevadísima tasa de absentismo por enfermedad.

El exagerado número de horas extraordinarias no es un problema sobrevenido, sino el resultado de una pésima gestión acumulada a través de los años y que atañe a varias corporaciones municipales de distinto signo político, ninguna de las cuales fue capaz de ordenar el desbarajuste de la Huerta del Rasillo, incluido el gravísimo enfrentamiento interno que provocó numerosos incidentes, denuncias y altercados que, si no fueron aún más graves, fue por casualidad. Todo ello afectó a la calidad de los servicios y, desde luego, a la imagen exterior la Policía, que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los propios ciudadanos a los que, teóricamente, está obligada a servir.

El desorden alcanzó su cima en el primer mandato de Torres Hurtado en el que un grupo determinado de agentes, agrupado en un solo sindicato, gozó de carta blanca hasta unos extremos inconcebibles. Fue entonces cuando trascendieron las primeras noticias sobre el elevado número de horas extras y, lo que es más alarmante, su supuesta distribución de acuerdo con la afinidad de los agentes.

La llegada de Eduardo Moral al área de Seguridad Ciudadana en el segundo mandato de Torres Hurtado ha normalizado hasta cierto punto a la situación. El concejal no ha tenido empacho en reconocer que las horas extras son desorbitadas y se ha comprometido a reducirlas a la mitad. Pero también reconoce que la reorganización de los turnos es compleja y, cabe añadir, delicada, pues afecta a costumbres y privilegios que vienen del pasado.