LA huelga general convocada para mañana por los dos sindicatos mayoritarios responde al legítimo ejercicio de un derecho constitucional. Nada hay que objetar en este sentido: CCOO y UGT estiman que los trabajadores deben responder de forma tan contundente a la reforma laboral decidida por el Gobierno de la nación y respaldada por la amplia mayoría del Congreso de los Diputados. Sólo cabe esperar, y exigir, que la jornada del 29-S se desarrolle sin incidentes, que los servicios mínimos sean respetados y que los asalariados que decidan secundar el llamamiento sindical no sufran represalias y que quienes opten por trabajar no sean tampoco coaccionados ni forzados por los piquetes a ir a una huelga en la que no creen. En otro orden de cosas, esta huelga general pretende ser la expresión del malestar de los sindicatos con las medidas de ajuste que el Gobierno Zapatero tuvo que adoptar en mayo pasado para reducir un déficit público que amenazaba con desestabilizar la economía española y consagrar la pérdida de confianza de los inversores internacionales. Es evidente que Zapatero ha cambiado el rumbo, después de perder un tiempo precioso antes de reconocer la gravedad de la crisis, y que la huelga no va a cambiar su decisión. En este sentido, se trata de una movilización inútil, que acarreará perjuicios económicos y de imagen, sin que produzca ningún efecto, al contrario que huelgas generales anteriores. Por el contrario, es probable que los sindicatos convocantes, que durante años han vivido una especie de idilio con el Gobierno socialista, pierdan el crédito, ya menguado, que en otro tiempo tuvieron en la sociedad española. Todos los sondeos atestiguan que la disposición a ir voluntariamente a la huelga es escasa entre los trabajadores. El 29-S se configura así, aun antes de desarrollarse, como una movilización costosa, extemporánea e inútil. Nada hace pensar que la reforma laboral impugnada tenga marcha atrás ni que la huelga convocada mañana vaya a reconducir la política económica de España en la dirección de volver a aumentar el déficit, terminar con el ajuste y regresar a una alegría del gasto que ya no es posible.