EN los primeros pasos de la democracia, recuerdo que la gran esperanza de entonces, Felipe González, dijo que quería que España funcionara. Y muchos entendimos que eso significaba modernización de las estructuras sociales, económicas y culturales internas a la vez que mejora de la posición competitiva de nuestra nación dentro del contexto internacional.

Y pareció que lo habíamos conseguido... Y nos relajamos hasta tal punto de vernos en la presente situación, en la que esperamos la ayuda de terceros países (nuestros socios europeos del norte) a los que le pedimos una solidaridad y una tolerancia en absoluto respaldadas por un propósito real de enmienda. En efecto, de todo lo leído en los últimos días puede extraerse la conclusión de que, para nuestra clase política, las reformas no son un hecho querido, sino impuesto.

Porque nuestro problema básicamente es que, en un determinado momento de nuestra historia reciente, decidimos, al socaire de las facilidades de acceso al crédito internacional derivadas de la asunción del euro como moneda propia, que podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades y que alguien, no nosotros, pagaría la cuenta. Y, creyéndonos erróneamente nuevos ricos, compramos sin dinero y gastamos en lo que no necesitábamos; y dejamos de trabajar como sabíamos y quisimos cobrar por nuestros servicios más de lo que debíamos.

La pregunta que creo que toca ahora, sin embargo, no es la de "en qué momento se jodió" España, sino la de "cómo salimos de ésta". Ello no quita que haya que buscar a aquéllos que se han enriquecido ilícitamente con lo que ha pasado o que castigar políticamente a los que, con sus decisiones, no han sabido prever el daño o lo están acrecentado. Lo que digo es que, con ello, no se resuelve nuestro futuro. Y eso es precisamente lo que nos tiene que preocupar.

Y, para ello, además de que asumamos nuestra condición de "pobres" y de que ello se refleje en la organización del Estado (ahí es donde le duele a nuestros políticos), me parece necesario insistir en un viejo principio aparentemente olvidado, el de responsabilidad personal: cada uno de los ciudadanos debe asumir que su futuro y el de su familia depende de sí mismo, sin que el Estado deba afrontar más carga que la indispensable para atender las situaciones que vengan impuestas, bien por el principio de necesidad, bien por el de igualdad de oportunidades.

Aquí es donde se encuentra un elemento que parece que hemos olvidado: en los últimos tiempos, todos los partidos, queriendo atraerse al electorado en una fácil demagogia, hablan hasta la extenuación de los derechos y se olvidan de los deberes. Y nadie parece reparar en que para que alguien disfrute de un derecho con contenido económico, hay otros "alguien" que deben pagarlo, porque, ¡oh sorpresa!, nada es gratis.

Dicho de otra manera: el Estado podrá reconocer derechos económicos si una mayoría de sus individuos contribuyen a la generación de riqueza de modo que una parte de la misma pueda ser redistribuida hacia los más desfavorecidos; si, por el contrario, la mayoría asume un papel de población subsidiada, vamos hacia un sistema inviable que, como ocurre ahora, corre el peligro de quebrar.

Y aquí viene una nueva idea: en un sistema económico como el nuestro, la riqueza se genera mediante la actividad de unos actores denominados "empresarios" que, a través de su iniciativa, inventiva y capacidad de organización, concurren junto a otros ofreciendo sus bienes y servicios al mercado. Cierto es que existe el peligro de extralimitaciones y abusos, cierto es que, a veces, la conexión entre los poderes económico y político produce efectos contraproducentes (como muestra, valga el ejemplo de las cajas de ahorro), pero es el sistema que nos hemos dotado después de comprobar que los otros son bastante peores y de que existen, cuando se quiere, los suficientes contrapesos para evitar o limitar las desviaciones.

Por tanto, si queremos que España sea un país pujante, es necesario que asumamos la bondad de la existencia de un empresariado fuerte y capaz. Por tanto, debe abandonarse la visión negativa e ideologizada de éstos y asumir que los mismos suponen un elemento dinamizador de nuestra sociedad.

El empresario no puede ser un elemento sospechoso para lo público; muy al contrario, se le debe facilitar su misión de generación de empleo y riqueza. Ahora bien, toda preeminencia trae consigo una especial responsabilidad; y ésta debe ser también particularmente exigida por el Estado, de modo que se eviten esas curiosas complicidades político-empresariales que a nada bueno han conducido nunca, salvo al enriquecimiento de más de un indeseable.