La no renovación de los 70 trabajadores de refuerzo que cooperaban en la limpieza pública de Granada ya se ha dejado notar en las calles de la ciudad. Numerosos vecinos han comprobado atónitos cómo la recogida de los desperdicios no se hace a diario y han presentado la correspondiente reclamación. La empresa concesionaria del servicio reconoce que no da abasto. Es decir, que no tiene empleados suficientes para cumplir las cláusulas del contrato. Esto acontece cuando aún no se ha ejecutado el ERE que costará el empleo a otros 90 operarios. Cuando la plantilla adelgace aún más, la limpieza pública se va a resentir hasta niveles inimaginables. Igual que ya han hecho numerosos vecinos de Granada, la responsabilidad es exclusivamente del Ayuntamiento, la administración encargada de prestar servicios básicos en una ciudad como el agua, el transporte y la limpieza. El alcalde no se puede esconder y derivar la culpa hacia Inagra, a la que adeuda 40 millones y de la que forma parte como accionista. La calidad de la limpieza es un deber político.