GLOSÁBAMOS en este mismo espacio hace dos jornadas la virulencia con que la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, mordió al fiscal por denunciar ante el juez al ex gerente del departamento, Manuel Lorente; al promotor J. J. Romero y a un jefe de negociado. Nieto no sólo sugería que el ministerio público había cooperado en una venganza tramada por el empresario deportivo Carlos Marsá sino que tildaba al fiscal de leguleyo: Usted, decía, desconoce absolutamente los procedimientos administrativos. Bueno, pues el mismo día, pero unas horas más tarde, el alcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, tras ser denunciado por permitir supuestamente la construcción de una nave en suelo no urbanizable, se sumaba a la clase magistral de Derecho vía comunicado: "El primer edil atarfeño y su equipo de asesoramiento hacen notar a la Fiscalía que pudiera estar ante un error de interpretación o de desconocimiento de la normativa".

Ahondemos en el caso de Atarfe. El alcalde aduce que permitió edificar la nave comercial sobre suelo no urbanizable por razones de interés social. El 1999 Atarfe pasaba por "un contexto social en el que existía un desempleo galopante; y con la construcción del hangar en cuestión se creaban varias decenas de puestos de trabajo". El municipio apela a un decreto de Junta de Andalucía de 1994 que permite a los ayuntamientos construir en suelo protegido o con usos diferentes "por utilidad pública o interés social".

Al margen de la legalidad de la construcción, y de que esté o no protegida por la Junta, lo que resulta desmoralizador es el razonamiento: cualquier actividad empresarial supone un beneficio social porque genera puestos de trabajo; si un pueblo pasa por un momento apurado y necesita, por ejemplo, crear empresas -qué pueblo no necesita empresas y empleos- se declara dentro de la excepción del "interés social" y la excepción permite edificar donde convenga. La lógica es más neoliberal que socialista. Hace unos años, el Ayuntamiento de Santa Fe accedió a ampliar una instalación industrial sobre terreno agrícola con la misma coartada: entonces el "interés social" fue la creación del museo del pionono. Es decir, a las malas, cualquier ayuntamiento puede abrir un museo ligero para legalizar una edificación, un museo de la bamba de nata o, en el caso de Atarfe, del bricolaje de la Vega.

Y sobre el fiscal, qué podemos añadir. Quizá las arremetidas de Nieto y Sánchez tengan que ver con la convicción literal de que en el antiguo edificio del Banco de España en vez del museo de la ciudad va a acoger una escuela de fiscales. Como la escuela de sirenas, pero con Jesús García Calderón en el papel de Esther Williams.