ESTA mañana, ayer para quien esto leen, se ha inaugurado en nuestra ciudad el Centro de Inserción Social Matilde Cantos que, con capacidad para trescientas cincuenta personas, va a suponer la mejora en la atención de la población reclusa en la última fase de cumplimiento de las penas de privación de libertad a las que en su día fueron condenados.

Los Centros de Inserción Social, quince ya en funcionamiento en toda España, representan la mejor muestra de nuestro sistema penitenciario, que es referente internacional por la calidad del modelo de intervención basado en el tratamiento de las personas reclusas. Todo ello obedece al mandato constitucional de la reinserción social de los que un día delinquieron.

España es uno de los países más seguros de Europa, veinte puntos por debajo de la media en la tasa de criminalidad, y sin embargo, es de los primeros en número de población reclusa. El crecimiento tales cifras se debe a un endurecimiento de las penas, a la aparición de nuevos delitos relacionados con la seguridad vial y la violencia de género y a la escasa atención que hasta hace muy poco se ha prestado al desarrollo de las penas alternativas y al cumplimiento en medio abierto. La misma sociedad que manda a la cárcel a quienes vulneran las normas, la que exige cada vez más seguridad, ha de responsabilizarse de respetar las otras normas que nos obligan a reinsertar a quienes han cometido un delito. Y para ello es imprescindible contar con un servicio público de calidad con recursos suficientes, y donde se garantice la custodia de las personas privadas de libertad pero, sobre todo, se pueda trabajar para que no vuelvan a la cárcel.

Siendo como es la política penitenciaria uno de los ejes de la acción de seguridad, le corresponde al Estado el ejercicio de esa responsabilidad (transferida en el caso de Cataluña) que viene ejerciendo con verdadero rigor a pesar de que el escenario no resulte fácil. Desde aquí el reconocimiento a los funcionarios que con su trabajo garantizan el funcionamiento de todos los centros y de la vida penitenciaria.

El Ministerio del Interior ha hecho un gran esfuerzo en presupuestos para la mejora de todo el sistema tanto en materia de infraestructuras, como en la mejora de equipamientos, incremento de funcionarios, pero sobre todo para convertir a los centros penitenciarios en escuelas de ciudadanía.

El sistema penitenciario español es respetuoso con las normas, escrupuloso con los derechos humanos: se basa en la profesionalización de las intervenciones y tiene como método el tratamiento individual de las personas reclusas a las que pretende preparar para su salida definitiva a la vida en sociedad.