MIENTRAS el partido de Artur Mas se mantiene en la ambigüedad y prepara una resolución parlamentaria sobre "el derecho a decidir" de Cataluña sin aludir a la independencia, los partidos mayoritarios de carácter nacional están concretando sus planteamientos sobre el desafío nacionalista y la crisis territorial de España. Por un lado, el PSOE, que rechazó días atrás el pacto fiscal pretendido por Mas, se decantó ayer por la conversión del Estado de las autonomías en un Estado federal a través de un proceso que pasa por reformar la Constitución. Se trata de una apuesta de Rubalcaba que da cobertura a propuestas de las dos organizaciones socialistas más poderosas, las de Andalucía y Cataluña, pero que supone la reapertura del proceso constituyente en una coyuntura dramática en que las energías del país en su conjunto deben centrarse en la resolución de la crisis económica y social, sin que la articulación territorial sea un problema tan perentorio como justificar una etapa de conflictividad y tensión política. Por otro, el Partido Popular vivió ayer una situación extraña. La secretaria general, Dolores de Cospedal, rechazó la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, que había sido insinuada por Rajoy y anunciada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, mientras que en la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes autonómicos se puso de manifiesto la voluntad de los barones regionales del PP, y del Gobierno de la nación, de evaluar el funcionamiento del sistema de financiación vigente como prólogo para su necesaria revisión. Esta puede ser una vía interesante para afrontar las dificultades actuales, y más integradora y propicia al consenso mayoritario que la planteada por Pérez Rubalcaba a favor del federalismo. También el inmovilismo que dejan ver las manifestaciones de Cospedal sería, de llevarse a la práctica, negativo para la situación actual. Hay que mejorar lo que tenemos sin dar peligrosos saltos en el vacío.