DIJO hace poco el ministro de Justicia, refiriéndose al caso de Marta del Castillo, que un acusado tenía todo el derecho del mundo a mentir a la Policía. El ministro parece un hombre equilibrado y sensato, pero esta frase merece una reflexión. La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaíra ha costado 150.000 euros, que tendrá que pagar el Estado en un momento de graves carencias sociales y cuando hay miles de familias sin trabajo. Y eso que no sabemos cuánto costó la búsqueda del cuerpo en el río Guadalquivir, en la que incluso llegaron a participar unidades del Ejército.

¿Es justo que un acusado tenga derecho a mentir sin que esa mentira tenga consecuencias penales? ¿Y es razonable que un engaño a la Justicia no comporte ni siquiera un leve agravamiento de la pena? Es evidente que un detenido tiene todo el derecho del mundo a ocultar información que pueda perjudicarle. Y también es evidente que un detenido puede negarse a colaborar con los policías y los jueces. Pero el hecho de mentir de forma intencionada es otra cosa muy distinta. En el caso de Marta del Castillo no sólo ha habido engaño, sino burla e incluso deseo de humillación a los familiares y a la Justicia. No parece muy normal que un ministro se tome las cosas tan a la ligera.

Lleva mucho tiempo conseguir que una sociedad funcione bien. Lleva siglos de esfuerzos colectivos que la Policía detenga a los secuestradores de un inmigrante ilegal, que los carteros repartan los envíos urgentes, que haya inspecciones de trabajo, que los niños entren en clase a las 9 de la mañana, que funcionen las urgencias hospitalarias o que los trenes lleguen a su hora. Lleva siglos conseguir leyes civilizadas, garantías procesales, juicios justos. Todo eso lo sabemos. Pero también sabemos -o deberíamos saber- que es muy fácil que una sociedad se desintegre en un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie se dé cuenta, y un buen día los policías empiecen a cobrar sobornos, y las urgencias estén desatendidas, y los semáforos estén siempre en ámbar y los trenes no lleguen a su hora. Basta que se destruyan unas pocas certezas, basta que los ciudadanos caigan en el desánimo o en la apatía, basta que la gente empiece a pensar que no sale a cuenta hacer las cosas bien o comportarse con responsabilidad, para que desaparezcan todas las seguridades y todos los beneficios sociales que teníamos.

Nadie puede calcular el daño social que han supuesto los engaños de los implicados en el crimen de Marta del Castillo. Esos engaños revelan que las vigas maestras de nuestra sociedad están empezando a resquebrajarse. El actual ministro de Justicia parece una persona inteligente. Mal vamos si ni siquiera él se da cuenta de la gravedad del asunto.