EL agua, y sobre todo la falta de agua, ha empezado a envenenar las relaciones entre los distintos territorios de España. Es uno de esos problemas que llamamos transversales, que cuartean a los políticos en activo y desdibujan sus ideologías, haciendo que cada uno defienda a su terruño, es decir, a sus paisanos por encima de todo.

Pero está en el horizonte no lejano otro enfrentamiento territorial: la financiación de las autonomías. Sobre el acuerdo general de que el nuevo sistema habrá que negociarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados el Gobierno y las diecisiete comunidades autónomas, gravita la concesión de Zapatero al Estatuto catalán, que marca una fecha, el 9 de agosto, para que el nuevo modelo esté definido en sus líneas generales.

Ahora bien, importa más el contenido, y en este sentido conviene tomar nota de la alianza que el Gobierno tripartito de Cataluña está forjando con la Comunidad Valenciana (PP) y Baleares (PSOE) para que el sistema a implantar les permita una contribución menor al fondo común. Dicen que no van contra nadie. ¡Qué van a decir! Pero lo que proponen es que el fondo de suficiencia -la garantía de que los ciudadanos reciben las mismas prestaciones vivan donde vivan- se limite a la educación, la salud y los servicios sociales, reduciéndose así la contribución de las regiones ricas, que, naturalmente, son algunas de las proponentes. Como digo, la Generalitat ha buscado, y parece que obtenido, el respaldo de la Comunidad Valenciana. Aquí no hay comunión ideológica, sino coyunda de intereses para un reparto lo menos oneroso posible.

Sobre esta base de un interés compartido de comunidades desarrolladas -o sea, necesariamente contribuyentes- el consejero de Economía de Cataluña y el vicepresidente valenciano han añadido sus exigencias de articular el corredor mediterráneo (el AVE Barcelona-Valencia, postergado hasta ahora en favor de las conexiones radicales con Madrid) y las necesidades de las empresas ante la desaceleración, y todo ello ha cuajado en la formación, incipiente, pero sólida, de un eje catalano-valenciano, con el añadido balear, que tratará de actuar como formidable grupo de presión en las negociaciones sobre la financiación de las autonomías. Enric Juliana, en La Vanguardia de ayer, definía los términos políticos del pacto: se trata de acotar el poder de veto de la Junta de Andalucía en los asuntos territoriales.

Verdad o exageración, el eje se está formando y frente a él lo que conviene es que Andalucía lidere otro pacto que lo contrarreste. Naturalmente, con otras regiones igualmente necesitadas de solidaridad, las gobierne quien las gobierne. Otra alianza transversal.

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