LA dirección del PSOE provincial ha decidido entrar a saco en la Costa, como ya lo hizo en Motril con la crisis de Luis Rubiales. En este caso Teresa Jiménez ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario a los cuatro concejales que respaldaron, uno con el voto y los otros con su silencio cómplice, la investidura de la alcaldesa del Partido Popular. No fue una reacción casual. La propia asamblea del partido había autorizado semejante conducta y el PP ya contaba en los cálculos previos a la sesión de investidura con un voto (uno solo, el que le faltaba para obtener la mayoría absoluta) de las filas socialistas. El PSOE está dispuesto incluso a disolver la asamblea de Almuñécar. La reacción es razonable. Los socialistas tienen poco que perder políticamente hablando en una ciudad con el voto muy disgregado y centrada más en cerrar el paso al partido de Juan Carlos Benavides que a medir las contradicciones propias. Si el PSOE, con ese expediente, consigue al menos restablecer la coherencia ideológica algo importante habrá salvado.