ARTUR Mas, el presidente de la Generalitat, ha conseguido reunir a todos los partidos parlamentarios catalanes y que todos ellos se manifiesten a favor del cambio de la financiación de Cataluña que viene propugnando su Gobierno desde que el Estatut fue parcialmente rechazado por el Tribunal Constitucional.

No hay nada que le guste más a Mas que liderar frentes comunes de los partidos de Cataluña frente a Madrid, sea por el estatuto, contra el Tribunal Constitucional, a favor de la lengua o por la selección de fútbol autóctona. Es lo que el líder nacionalista piensa que le corresponde: construir un frente nacional catalán capaz de discutir y pelear en un plano de igualdad con el frente nacional español.

Desde que el TC tumbó la parte más sensible del Estatut -la que afectaba a la identidad y las pelas, dos móviles inmejorables para la lucha política-, el presidente de la Generalitat ha encauzado la mayor parte de sus energías a la conquista de un pacto fiscal que corrija el desequilibrio que aqueja a Cataluña en cuanto a su financiación: aporta a las arcas del Estado español más de lo que recibe de ellas (como les sucede en general a los ricos). Lo que pasa es que este pacto pretende articularse mediante un instrumento y lograr un objetivo que no son compartibles por la totalidad de las fuerzas políticas que operan en Cataluña. Ni una Hacienda independiente ni un concierto económico como el que disfrutan vascos y navarros -de modo privilegiado y por motivos históricos que arrancan de las guerras carlistas- son aceptables para el Partido Popular y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

PP y PSC quieren mejorar la financiación catalana. En realidad, cualquier sección regional de cualquier partido nacional defiende siempre criterios de financiación que hagan que sus comunidades reciban más fondos estatales. Pero ninguno de los dos admite sacar a Cataluña del régimen común para extender a esta nacionalidad los privilegios del País Vasco y Navarra, que les permiten recaudar casi todos los impuestos y pagar al Estado sólo por los servicios que presta en estas comunidades. Y, sobre todo, ni el PP ni el partido hermano del PSC (el PSOE), que son ampliamente mayoritarios en el Congreso de los Diputados, van a aceptar la discriminación que este cambio supondría para el resto de España. Si hubiera que hacer algo más acorde con el espíritu constitucional sería para acabar con la singularidad fiscal de navarros y vascos, no para extenderla a los catalanes.

Cuando quiera concretar el pacto fiscal, Mas se topará con la realidad tozuda de que no es viable, con lo cual volverá a amenazarnos. No con la independencia, que nunca plantean en serio, sino con el independentismo, que no es igual aunque lo parezca.