LA tercera parte de los pueblos andaluces no saben todavía quién será su alcalde, y no faltan tantos días para la constitución de los ayuntamientos. Ningún partido consiguió en ellos la ansiada mayoría absoluta y eso conlleva la necesidad de pactos para asegurar la estabilidad institucional.

Curiosamente esta situación no ha traído las tensiones y apasionamientos que en las anteriores elecciones municipales se han generado en la vida política andaluza. Las encarnizadas polémicas sobre el respeto a la lista más votada, los pactos llamados antinatura, las insuficiencias de la legislación electoral y el chantaje de las minorías decisivas han desaparecido.

Tras el 22-M el paisaje local es de tranquilidad. Incluso los dos partidos clásicos de la izquierda, PSOE e IU, que en 2003 y 2007 se apresuraron a negociar pactos municipales siguiendo una tradición que viene de los primeros ayuntamientos democráticos (1979), ahora van despacio y se plantean expectativas modestas. Sus líderes, Griñán y Valderas, todavía no se han reunido y cuando lo hagan no parece que vayan a pasar de dejarse gobernar unos a otros allí donde entre ambos suman la mayoría suficiente. Insisten menos que nunca en gobernar juntos, negociar un programa común o repartirse las delegaciones municipales.

El nuevo enfoque quizás sea signo de una mayor normalidad. El triunfo del PP en los principales ayuntamientos y en cinco de las ocho diputaciones hace menos perentorios los acuerdos en la izquierda porque ha quedado un escaso poder municipal a distribuir. El propio PP ha dejado de ser el partido a marginar en las alianzas. El PA, por su parte, siempre ha sido dúctil en la elección de sus aliados.

De este modo, en la búsqueda de mayorías para gobernar allí donde las urnas no han consagrado la hegemonía de nadie pesan esta vez muchos menos los factores ideológicos que los estrictamente locales, e incluso personales. En los próximos días veremos cómo se firman pactos en todas las direcciones y con todas las combinaciones posibles (los pactos PSOE-PP serán excepcionales, eso sí), y es probable que ninguna dirección de partido político se atreva a desautorizar a sus concejales en tal o cual municipio, y menos a expulsarlos de la organización por haber desobedecido la consigna oficial al respecto. No hay caldo de cultivo para imposiciones ni discurso único.

Lo cual no deja de ser una paradoja: tras unas elecciones locales en las que el sentido del voto ha sido más influenciado, en general, por cuestiones de política nacional y andaluza que por la gestión municipal pasada o futura, los pactos que decidirán el signo de uno de cada tres ayuntamientos se guiarán más por criterios locales que por consideraciones de política general. Raro es, la verdad.