La absolución de la hermana del Rey en el caso Nóos y la condena de su marido a "sólo" seis años de cárcel ha levantado una ola de indignación en la ciénaga de las redes sociales. Se repiten las quejas por el distinto trato de la justicia según de quién se trate y se apela incluso a la importancia que hubiera tenido una sentencia ejemplarizante. La masa pedía un escarmiento para estos indignos representantes de la Casa Real a fin de demostrar que todos somos iguales, y parece que el Tribunal no ha satisfecho las expectativas. Nadie lo ha dicho tan claro, ni ha errado tanto, como esa diputada para la que la sentencia es "políticamente insuficiente".

Aunque sea políticamente incorrecto, me niego a aceptar esa actitud. Una justicia igual para todos no significa que los órganos judiciales condenen o absuelvan atendiendo a lo que opine la mayoría de la ciudadanía. Consiste en que unas personas que han accedido al ejercicio de esa función por mérito y capacidad valoran los hechos y aplican las normas penales con el resultado que proceda. Cuando las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín han dictado su sentencia lo han hecho valorando los hechos presentados por las partes y haciendo la calificación jurídica que, a su juicio, correspondía. Su sentencia puede ser criticada por quien estudie su contenido y detecte errores o haga una interpretación jurídica distinta. Sin embargo, no tengo ni un solo motivo para pensar que estas tres mujeres han actuado llevadas por criterios políticos; ni, por supuesto, acepto que se le pida actuar de esa manera. Los jueces deben limitarse a aplicar el Derecho, con el velo de la ignorancia. No olvidemos nunca que ese es un pilar fundamental del Estado democrático de Derecho. Si las decisiones judiciales se adoptaran por criterios políticos habríamos superado el principio de separación de poderes y nos hallaríamos ante la dictadura de la mayoría. En ese sentido, el mismo respeto me merecen los jueces que paralizan la política migratoria de Trump, los que juzgan al anterior Presidente de Cataluña o las juezas de Palma que han absuelto a la Infanta. A menudo hay un conflicto político o social detrás de un litigio jurídico pero cuando se pone en manos de los jueces debemos pedirles que se limiten a aplicar la ley. La ciudadanía, por su parte, puede mostrar su disgusto con la decisión o, por supuesto, criticar la sentencia tras haberla leído, si tiene conocimiento para ello. Sin embargo, una sentencia penal nunca puede ser "políticamente insuficiente" porque los jueces ni deben ni pueden hacer política.