Una trepidante porfía migratoria tiene en vilo a la Administración americana, amenazada de cierre. La minoría demócrata no quiere aprobar el Presupuesto si el presidente Trump insiste en deportar a 700.000 dreamers, casi todos hispanos, que llegaron al país con sus padres siendo menores. Aquí la inmigración no tiene ese protagonismo. En noviembre sólo un 2,4% de los encuestados por el CIS la citaban como uno de los problemas de los españoles. Y, sin embargo, la única ruta de inmigración ilegal hacia Europa que creció el año pasado fue la del Magreb hacia la España mediterránea, principalmente andaluza. Llegaron casi 30.000 irregulares, el doble del año anterior. Es una cuestión de vasos comunicantes. Los otros dos grandes trayectos a la UE están en declive: el de Turquía a Grecia cayó un 79% en 2017 y el de Libia a Italia descendió un 40%.

La llegada masiva de inmigrantes en 2015 y la oleada de refugiados causada por el éxodo sirio produjo el mayor problema humanitario de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es si se ha hecho lo suficiente. Dos años después, el balance del plan de acogida a 160.000 refugiados ha puesto en evidencia a muchos incumplidores, encabezados por Polonia y Hungría, con España en el pelotón de los peores. En septiembre, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Juncker abordó el asunto sin grandes novedades: anunció el reasentamiento de 50.000 personas en dos años, el ensayo de programas piloto de inmigración legal e insistió en la hasta ahora fracasada política de retorno.

Esta situación de impasse genera polémicas. El viernes en twitter hubo una interesante. Fogonazos propios del medio. El periodista Jordi Évole publicó un crudo comentario: "En el Mediterráneo siguen muriendo personas. Europa sigue sin hacer nada". Y fue tajantemente replicado por la Oficina de Prensa de la Comisión Europea, que recordó que se han salvado 620.000 vidas en el Mediterráneo desde 2015 gracias a las acciones de salvamento de Italia o Grecia y las operaciones Tritón y Poseidón de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Según los datos de Frontex el año pasado se rescató a 34.500 personas que navegaban en precario a bordo de 500 embarcaciones por el Mediterráneo.

La Oficina de la UE insiste que en colaboración con ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones está trabajando para sacar a expatriados del infierno en Libia; en concreto, 16.500 personas en 2017. Y que el año pasado, los Estados miembros de la UE reasentaron o concedieron asilo a más de 720.000 refugiados, más del triple que Estados Unidos, Canadá y Australia juntos.

En resumen, hay dos evidencias: se hacen cosas y son insuficientes. El problema global sigue intacto y en el sur de España se agrava. La novedad es que la ruta andaluza está en auge.

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