SE tendrá que acostumbrar Susana Díaz, consejera de Presidencia, a tomar dos elementales medidas de prudencia política: a que cuando habla en nombre de la Junta lo haga en representación de un gobierno bipartito (PSOE-IU), no únicamente socialista, y a que si interviene como dirigente del PSOE tiene que irse a la calle San Vicente, en Sevilla, donde está la sede regional de su organización.

Ninguna de las dos las tuvo en cuenta el pasado martes. Como consejera del Gobierno andaluz no le corresponde indicarle al Parlamento ni la duración de la comisión investigadora sobre los ERE fraudulentos ni quiénes habrán de comparecer ante la misma. Se lo ha recordado, acertadamente, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro. El Gobierno, en este caso, sólo tiene que aceptar y atenerse a lo que decida el Parlamento. La división de poderes, que se llama.

Como secretaria de Organización del PSOE andaluz sí entra en sus derechos, y obligaciones, posicionarse acerca de la comisión parlamentaria de investigación. Puede opinar, por tanto, lo que le parezca mejor sobre si Griñán ha de comparecer o no. Pero entonces ha de explicar su postura en la sede socialista, no en el Palacio de San Telmo, sede institucional de la Junta, donde solamente ejerce como gobernante de todos los andaluces. Será tal vez víctima de un desequilibrio que aqueja a su personalidad política: ha tenido una intensa actividad orgánica partidista desde que era líder de las Juventudes Socialistas, mientras que como cargo público nada más que ha sido concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Ahora ya es consejera autonómica y, como digo, ha de habituarse a serlo y a parecerlo. Lo mismo cabe recomendarle al portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez. Las posturas de partido, al territorio del partido; las del cargo oficial, al ámbito institucional. Hay que distinguir.

Por lo demás, yendo al fondo de la cuestión, las manifestaciones de Susana Díaz asegurando que no ve motivos para la comparecencia de ningún miembro del Ejecutivo andaluz en la comisión de los ERE son tan desafortunadas que ni los dos destinatarios preferentes de las denuncias del Partido Popular, Griñán y Chaves, las han suscrito. Presidente y ex presidente rechazan de plano el papel de conocedores-consentidores de los chanchullos de las regulaciones de empleo y las ayudas a empresas en crisis que les atribuye la Guardia Civil, pero se muestran dispuestos a comparecer si les llaman. Y es que no puede ser de otra manera. Ni va a serlo: una vez que IU ha forzado su próxima constitución le será imposible a la coalición vetar la presencia de Chaves y Griñán. Por tanto, también al PSOE que gobierna con ella. Diga lo que diga, en el sitio equivocado, Susana Díaz.