DURANTE los seis años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y siempre con Miguel Ángel Moratinos como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, la diplomacia española ha emprendido el camino de mejorar las relaciones con Gibraltar con vistas a crear un contexto de buena vecindad que permitiese en un futuro plantear el contencioso de la soberanía en mejores condiciones. Al hilo de este buen propósito, en la anterior legislatura se creó el Foro de Diálogo, en el que se le dio voz a Gibraltar casi al mismo nivel de los estados implicados, España y el Reino Unido. El primer fruto de esas conversaciones permanentes fueron los Acuerdos de Córdoba, que si bien solventaron el problema de los pensionistas españoles y permite el uso conjunto del aeropuerto, a quien ha dado grandes ventajas de desarrollo económico es a Gibraltar, especialmente por la concesión del prefijo telefónico propio, que supone la multiplicación de la capacidad de las telecomunicaciones, vital para el boyante negocio de las apuestas en internet radicado en el Peñón. Pese a esta política amistosa, la tensión ha crecido en asuntos como la soberanía de las aguas. Pero en el verano que acaba se ha producido un episodio que revela que esta política de confianza mutua ha sido tomada por Gibraltar como claudicación. Sólo así cabe explicar el grave episodio acaecido en agosto, cuando policías gibraltareños allanaron dos domicilios en San Roque (Cádiz) en busca de pruebas de un supuesto delito cometido en la colonia sin mediar cooperación policial ni autorización judicial (y no precisamente en una persecución en caliente, sino de forma premeditada). Pese a que el hecho fue inmediatamente denunciado a la Guardia Civil y se abrieron diligencias judiciales en España, el Gobierno no protestó hasta que un mes después lo desveló una información periodística. Gibraltar se ha disculpado y aparentemente está investigando para depurar responsabilidades. Pero no es suficiente. Ni siquiera la política de buena vecindad justifica esa tolerancia, esa reacción tardía. Gibraltar sigue siendo un vecino incómodo que ha sacado ventaja objetiva de la buena voluntad española y que ha abusado de la confianza depositada.