ESTAMOS frente a una crisis económica, financiera, política? Según el discurso dominante: no hay dinero, no hay alternativa, el Estado no puede financiar el gasto público. Se trata de una crisis financiera, pero existen fisuras en este relato. Estamos ante un círculo vicioso, en el que la caída de la actividad económica, la destrucción de trabajo, la ineficiencia fiscal, las medidas de recorte, las ayudas al sector financiero… se entrelazan sistémicamente para aumentar al déficit y la deuda. El caso del rescate a la banca ha significado, por ejemplo, la conversión de una parte de deuda privada en deuda pública -que se suponía ya muy elevada-.

Se podría decir entonces que el Estado se vuelve más eficiente financieramente hablando, pero más ineficaz, porque retrocede en su fin primordial, la prestación de servicios públicos. La política de recortes, por tanto, no estaría sólo ni principalmente dirigida a reducir el déficit público, sino que se ha convertido en una herramienta del todo política del stablishment europeo y mundial para desamortizar capital público, que se irá liberando para satisfacer las exigencias y necesidades del capital financiero privado. Un dinero que se dedicaba en gran medida a la protección de derechos socio-laborales y a la prestación de servicios se reorienta al sector privado: en su primera etapa respondiendo a la deuda financiera; en un segundo momento, facilitará la privatización de una parte de los servicios públicos.

Los agentes financieros internacionales se sienten incómodos ante la financiación de la deuda pública española. Pero no debemos olvidar que en 2009 habían dedicado más de setecientos mil millones de euros en los países mediterráneos e Irlanda, cifras superiores a sus reservas, incurriendo en riesgos poco razonables. La financiación de la burbuja inmobiliaria se debe en gran parte a estos movimientos, facilitados por el bajo precio del dinero, otra decisión política. El capital financiero patrio se dedicó a suministrar fuel a la promoción inmobiliaria y a la exuberancia de las administraciones: se alimentó irresponsablemente la irracionalidad de gasto en un entorno de altos ingresos por el calentamiento económico general, y ello en diversas instancias de la Administración controladas por partidos políticos que usaban instrumentalmente las cajas de ahorro (más bien, de gasto). Ello favoreció la dependencia de recursos externos, porque sus inversiones estaban basadas en créditos tomados a otros agentes financieros.

Entonces, ¿las reformas estructurales que son exigidas internacionalmente a España servirán para relanzar su economía o para, principalmente, garantizar el pago de la deuda contraída? Un buen ejemplo es el denominado rescate a la banca española, de cien mil millones de euros, garantizado por el Estado indirectamente a través de medidas de acompañamiento: se obliga a reducir los gastos del Estado, que deja de responsabilizarse de servicios en Sanidad, Educación, de Derechos Laborales, etc. Pero la banca europea no se responsabiliza del riesgo de sus inversiones en el proceso inflacionario de las burbujas encadenadas. El resultado es la progresiva desaparición de la política económica española, como se desprende del principio de estabilidad presupuestaria introducido mediante urgente reforma de la Constitución española, en cuyo art. 135.3, se descerraja que el pago del capital de la deuda pública "gozará de prioridad absoluta".

Es decir, el capital público está garantizando el negocio bancario del pasado reciente y del porvenir, sin que los encargados del uno y del otro hayan asumido su parte de responsabilidad en el agujero creado. De modo que lo que atraviesa el subsuelo de la crisis es un triple dominio: el del capital financiero sobre el productivo y las rentas tributarias; el del capital de Europa central sobre el capital de economías geográficamente periféricas; y el del capital privado sobre el capital público.

Queremos subrayar otro movimiento de fondo, más profundo: la indistinción entre las distintas formas de dinero. Aunque tendemos a otorgarle el mismo valor y utilidad al dinero de los impuestos que al dinero con el que compramos y vendemos en el mercado, no son del todo equiparables, ni en sus mecanismos de organización y de gestión ni en sus objetivos sociales. El dinero tributario está anclado en un compromiso ciudadano-Estado según una lógica redistributiva. Por su parte, el dinero de mercado que circula en los compromisos de deuda está anclado en la lógica de la obtención de beneficio: se convirtió en una mera mercancía, reorientada cada vez con más fuerza a movimientos especulativos. Uno de los problemas políticos clave en la crisis actual es precisamente la convertibilidad de un dinero en otro, que los presupuestos del Estado -que se nutren en gran parte por el sistema fiscal- se pongan al servicio de la deuda como prioridad política, lo que significa la desviación de dinero redistributivo hacia fines mercantiles. Esta transacción es el más claro indicador de que la crisis actual es fundamentalmente política, aunque su problema inmediato sea financiero.

La solución no pasa por garantizar a corto plazo la deuda generada, sino por reestructurar el sistema fiscal, repartiendo mejor las cargas impositivas, y racionalizar el gasto para garantizar el sentido último de la Administración, la prestación de servicios. Sólo así se podrá responder a la deuda, pero en un nuevo equilibrio político más favorable al pagano, que sostiene tanto al Estado como a los bancos.