A casi nadie se le escapa que Granada es una ciudad que lleva décadas siendo maltratada por los diferentes gobiernos con competencias en nuestro territorio, incluyendo la corrupción de las últimas corporaciones municipales. Como muestra un botón: aquí nos aplicaron una fusión hospitalaria con todos sus recortes sanitarios incluidos, mientras en Sevilla o Málaga no se atrevieron a hacerlo.

Aunque no es la única responsable de esta situación, la vieja política granadina encaja en la definición de una administración de tipo colonial que siempre ha apostado por favorecer sus intereses personales o los de sus partidos frente a los de la ciudad. Si bien durante la dictadura el centralismo y el arribismo eran dos cualidades fundamentales de los políticos, la transición y la autonomía deberían haber supuesto cambios sustanciales al menos en el municipalismo incipiente como ocurrió con el Madrid del Profesor Tierno Galván.

Con la excepción de algunas actuaciones de los gobiernos de Jara, la vieja política ha seguido marcando nuestra subalternidad respecto a otros territorios empezando con el pecado original de aquella traición a Granada por parte del andalucismo sevillano que a cambio de gobernar brevemente la capital dejó a Arturo González Arcas sin la alcaldía que había ganado en las urnas.

Quizás hemos aprendido y por ello algo ha cambiado en los últimos años puesto que Granada fue uno de los lugares en los que el 15M arraigó con mayor fuerza y ahora la sociedad civil ha tomado la iniciativa consiguiendo por ejemplo recuperar nuestros dos hospitales completos.

Sin embargo, a diferencia de otros territorios de nuestro país, en Granada todavía no se han dado cambios institucionales importantes, con la excepción del municipio de Atarfe que había alcanzado cotas de corrupción inaguantables y que tenía un grupo reconocido de vecinos con un proyecto de regeneración actualmente en curso.

La operación Nazarí da la puntilla a la vieja política y se exigen cambios sustanciales que hasta ahora no se han producido. Las enormes energías ciudadanas que reclaman esos cambios y que han asumido un poder clave en nuestra ciudad van a ser determinantes en los próximos procesos electorales. Tememos que la vieja política sufra la tentación de perder los papeles y actúe contra los líderes sociales, maree a los colectivos o intervenga con trucos en candidaturas ciudadanas alternativas. Lo que pasa es que ahora los intentos de desaparición política que pretende apuntalar un régimen corrupto cuestan caros como bien sabe Susana Díaz, y Granada no va a ser la excepción.