HEMOS asistido esta semana, en la mayoría de la constitución de Parlamentos regionales y de Ayuntamientos, a manifestaciones, más o menos relacionadas con el movimiento del 15-M, donde no sólo se ha increpado a los legítimamente elegidos, sino que, en algunos casos, hasta se ha agredido o impedido el paso a parlamentarios o concejales para tomar posesión de sus cargos, manifestaciones que, a veces, se han reprimido duramente. El último episodio sucedió en Barcelona el pasado miércoles cuando los parlamentarios de todo signo, incluido los de izquierdas, tuvieron que ser escoltados por los mossos d'esquadra, que no pudieron impedir zarandeos o pintadas.

Comprendemos la indignación de los indignados -valga la redundancia- que somos todos. Especialmente cuando lo que van a hacer los parlamentarios -caso de Cataluña- es aprobar más recortes sociales. Pero una cosa es manifestarse pacíficamente, reclamar giros en las políticas y otra, muy distinta, que un político no pueda transitar libremente por los espacios públicos -como le ocurrió a Gallardón, cuando con su mujer, su hijo y su perro paseaba cerca de su casa, o a Cayo Lara, cuando asistía a una manifestación- o que el presidente de la Generalitat tuviera que llegar en helicóptero al Parlament, porque le impidieron el paso. Esto no es 'Democracia real, ya', sino otra cosa bien distinta.

Es verdad que, como muchos hemos advertido hace tiempo, convertir en chivos expiatorios de la crisis a los más débiles tiene que desembocar en la indignación, que es el primer paso a la desesperación. A la Europa de los mercaderes les importa poco la insostenible situación social que se está produciendo en los países más débiles de esa hipotética comunidad. Por eso, para que los bancos y los miembros de la CE puedan asegurarse cobrar deudas -por cierto pagadas a precios exorbitantes- piden incansables recortes sociales. La ceguera de esa política de la Europa de los mercaderes -cada día me cuesta más trabajo escribir Comunidad Europea- se traslada a los gobiernos nacionales que, con la sumisión demostrada por Zapatero, son el brazo ejecutor que no les tiembla el pulso al firmar reformas antisociales contra sus víctimas propiciatorias.

Por lo tanto, es absolutamente normal que se considere en las encuestas a los políticos como el tercer problema del país, por encima del terrorismo. Y que ellos lleven a cuestas el estigma. Pero dicho esto y admitida toda la indignación y repulsa, hay que tener mucho cuidado en no atravesar las líneas rojas de lo que debe ser una protesta pacífica -necesaria y colectiva-, de una espiral de violencia que empieza con pequeños brotes y no sabemos en qué puede terminar. Manifestémonos contra políticas y políticos, contra medidas lesivas a los derechos de los ciudadanos, pero hagámoslo civilizadamente, porque así no perderán fuerza ni sentido nuestras justas reclamaciones.