EL Gobierno ha reaccionado con un paquete de medidas a tres semanas convulsas en las que la deuda española ha roto todas las barreras de desconfianza. Sin descartar que mañana el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero incluya alguna otra decisión, una primera valoración indica que se trata de un paquete liberalizador de la economía que ayudará, especialmente, a las empresas, que son los agentes que están llamados a solventar la crisis. Los duros ajustes, impuestos en parte por los mercados y en parte por el crecimiento del gasto público, venían provocando una situación de encefalograma plano en el crecimiento económico, con incrementos del PIB_apenas perceptibles. Por ello, más allá de grandes medidas macroeconómicas, hay que aplaudir en esta ocasión el paso del Gobierno Zapatero, encaminado básicamente a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas y a privatizar organismos cuyo carácter público es prescindible. En el caso de Aena, por ejemplo, se podrá privatizar hasta el 49% de la empresa que gestiona los aeropuertos, no así otra sociedad que asume el control del espacio aéreo. La ampliación del tipo reducido del impuesto de sociedades, la eliminación de la obligatoriedad a las cámaras de comercio y el fomento de las empresas de colocación apuntan en un mismo sentido. Un caso distinto es la eliminación de las ayudas a los desempleados de los 426 euros. Miles de familias sobreviven a duras penas con este tipo de subsidios, y en febrero serán muchas las que se vean abocadas a situaciones desesperadas. Esto es así: con 4,5 millones de parados, muchas personas van a pasarlo muy mal a partir de ahora. La razón dada por el Gobierno -era una medida coyuntural- no se sostiene porque las condiciones generales, lejos de arreglarse, han empeorado. Posiblemente, el verdadero motivo no es otro que las arcas públicas no se pueden permitir un aumento constante de la nómina de perceptores de esta ayuda. Hay que indicar, una vez más, que, además de este nuevo paquete, el Ejecutivo debe aprobar, cuanto antes, las otras dos grandes reformas pendientes: la del sistema de pensiones y la de la negociación de los convenios colectivos.