Editorial

El aborto de las menores

TRES encuestas publicadas ayer por otros tantos periódicos de difusión nacional han arrojado el mismo resultado: un abrumador rechazo a la reforma de la ley del aborto propuesta por el Ministerio de Igualdad en el punto en que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las menores de edad sin permiso paterno. Entre seis y siete de cada diez encuestados se manifiestan en contra de esta modalidad de la ley de plazos del aborto que el Gobierno mantiene en pie, con respaldo explícito del presidente Zapatero, pese a los rumores sobre la posibilidad de ceder en este aspecto para lograr que la reforma pase por el Parlamento conservando sus principios fundamentales. El rechazo es muy mayoritario en todos los sectores sociales y niveles culturales, incluyendo el propio electorado socialista, tal como han intuido diversos dirigentes del PSOE que se han hecho eco del malestar provocado por la novedosa aportación de Bibiana Aído a una cuestión tan delicada. Ello viene a refrendar la inconveniencia de que la reforma de la legislación sobre el aborto se oriente en la dirección que persiguen los gobernantes actuales. Ya dijimos en su momento que autorizar a una adolescente a que aborte sin conocimiento de su familia, en una edad en que necesita permiso para otras actividades menos importantes que una intervención quirúrgica de riesgo, contraviene expresamente la cultura de la responsabilidad que necesita la juventud y los postulados y valores que tratan de implicar a los padres en la educación de sus hijos, además de contradecir las campañas de promoción de anticonceptivos y relaciones sexuales sanas y sin peligro. Se trata de una medida demagógica y falsamente populista, producto de un radicalismo impostado y de cierta inanidad intelectual. se enmarca, por otra parte, en un proceso de revisión de la ley vigente exigido por algunas minorías muy vistosas, pero con escaso respaldo social. La legislación actual, con todas sus imperfecciones, ha permitido que ninguna mujer sea encarcelada por abortar y ha suscitado un notable consenso político, aunque el PP la recurriera en su día (la asumió, sin embargo, durante sus ocho años de gobierno). No existe ninguna urgencia para cambiarla en estos momentos, y mucho menos en el sentido propuesto por Aído, con el rechazo general comentado.

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