El Gobierno de Cataluña y la mayoría parlamentaria ya han cruzado el Rubicón. Se ha convocado el referéndum, pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, y se ha materializado la declaración unilateral de independencia a través de la Ley de transitoriedad.

La situación es, obviamente, muy grave. Desde la reinstauración de la democracia nunca se había producido una violación tan flagrante del ordenamiento constitucional. Hasta hace poco tiempo, parecía inimaginable que un Gobierno y un parlamento autonómico pudieron actuar consciente y voluntariamente en contra de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Derecho de la Unión Europea.

Pero, aún en esta situación, sobran los aspavientos y las palabras gruesas. Un Estado democrático de Derecho debe ser capaz de responder a estos desafíos con los instrumentos que le brinda su propio ordenamiento. El Tribunal Constitucional ha suspendido estas leyes y, por tanto, no pueden ser aplicadas. Es el momento de que los funcionarios desarrollen cada uno su labor a fin de garantizar el cumplimiento de la ley. Los fiscales deben promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad; los jueces deben adoptar las decisiones y medidas cautelares que correspondan conforme a Derecho; las fuerzas y cuerpos de seguridad deben actuar como policía judicial; los secretarios de Ayuntamiento deben informar a los políticos de las consecuencias administrativas y penales de sus actuaciones o los interventores municipales deben garantizar que no se dedican fondos públicos a actividades ilegales. Entre todos, en definitiva, deben garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho en Cataluña de forma que nadie pueda vulnerarlo impunemente.

En cualquier caso, después del 1 de octubre el conflicto político seguirá ahí; incluso agravado pues las medidas sancionadoras provocarán un aumento de la tensión. Supongo que ya nadie negará la existencia de un problema y la necesidad de diálogo para afrontarlo. Eso que el Presidente Rajoy no ha hecho en los últimos cinco años, hasta que el conflicto le ha explotado en las manos. Será también el momento de exigirle responsabilidad, en este caso política, por su pasividad.

Desde este modesto espacio sólo cabe reiterar lo que otras veces hemos reclamado: la reforma federal de la Constitución puede ser un puente para el entendimiento. Esa propuesta de pacto federal no se dirige a los separatistas recalcitrantes ni tampoco a los más acérrimos españolistas sino a los millones de españoles que creemos en una España plural, de la que Cataluña es una pieza esencial.