La amenaza de las balanzas fiscales

EN su estrategia de acercamiento a los nacionalistas catalanes, el todavía candidato a presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -será investido mañana, en segunda votación- se comprometió a hacer públicas en el plazo de dos meses las balanzas fiscales de las distintas comunidades autónomas. Aunque los criterios para su conformación pueden ser variados, hay un acuerdo general en que las balanzas fiscales permitirán conocer la diferencia entre lo que cada comunidad aporta a la caja común del Estado y lo que recibe del mismo. No es difícil deducir el objetivo que se persigue con su publicación: los nacionalismos ricos pretenden demostrar que aportan más de lo que reciben (en realidad, se evidenciará que comunidades como Cataluña, Madrid o la Rioja contribuyen a las arcas estatales mientras que otras reciben en función de su menos riqueza, con la importante excepción del País Vasco y Navarra, que gozan de un privilegio fiscal de raíz histórica). Desde Andalucía impugnamos la mayor. Creemos que quienes contribuyen al Estado no son los territorios, sino los individuos, razón por la cual aquellos territorios con más ciudadanos de elevada renta y más actividad empresarial han de rendir más a la Hacienda Pública. Precisamente ahí radica el principio constitucional de la solidaridad. Por eso desconfiamos de la insistencia con que el nacionalismo catalán exige dar publicidad a este mecanismo contable de las balanzas fiscales territoriales: inmediatamente después vendrá la reivindicación de un tratamiento diferenciado y específico para su territorio. Zapatero ha anunciado también que el nuevo sistema de financiación autonómica habrá de negociarse entre todas las comunidades a través del organismo previsto para ello (el Consejo de Política Fiscal y Financiera) y no de forma bilateral. La Junta de Andalucía ha de vigilar y presionar para que se cumpla este requisito.

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