HOY se cumplen diez años del vertido tóxico de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla), que supuso el mayor desastre ecológico en Europa occidental y que a punto estuvo de arrasar Doñana. En tal efemérides, las organizaciones ecologistas han acuñado el lema '1998 Minas de Aznalcóllar = Mina de Las Cruces 2008. No más vertidos tóxicos', para significar que el yacimiento de Gerena supone una amenaza similar a la de la explotación sueca. Los ecologistas, que en su día alertaron del peligro de la balsa de Boliden y a los que desgraciadamente para todos el vertido tóxico dio la razón, no pueden equiparar los dos proyectos mineros, porque son muy diferentes. Los suecos beneficiaban el mineral mediante un procedimiento pirometalúrgico vía flotación que obligaba al almacenamiento de los residuos en aquella inmensa balsa, la cual, por la presión añadida del agua acumulada, acabó cediendo. Mina las Cruces es, que sepamos, la única explotación europea que usa un procedimiento hidrometalúrgico, el más avanzado actualmente, en el que se obtiene el cobre final sin generar residuos líquidos. Los restos son sólidos secos que, con algún tratamiento posterior, depositan en capas impermeabilizadas y son recubiertos hasta conformar colinas, que, replantadas con vegetación, se confunden con el paisaje. Para evitar afecciones al acuífero, el agua del subsuelo se extrae mediante un sistema permanente de bombeo y se reinyecta allende la mina, con lo que el balance hídrico no se altera. Por otra parte, el agua utilizada en la explotación se vierte, previa depuración y cumpliendo los parámetros marcados por la ley, no a afluentes del Guadiamar, sino al Guadalquivir. Y para evitar que pudiera irse de rositas, como hizo Boliden tras dejarle a los contribuyentes la factura de 300 millones de euros que costó remediar el vertido, a Mina Las Cruces se le obliga a depositar avales bancarios por valor de 45 millones, más un seguro de responsabilidad civil de otros 30. Muy torpes deberíamos ser para no haber aprendido algo de la catástrofe que cuestionó la política industrial y medioambiental de la Junta.