HA llegado, como todos los años, al Parlamento de Andalucía, el Debate sobre el estado de la Comunidad; probablemente el último gran debate de política general que tenga como protagonista a José Antonio Griñán si finalmente se confirma -todo parece indicarlo- que las elecciones autonómicas se celebrarán, junto con las generales, en el próximo mes de noviembre.

Y coincidiendo con este debate parlamentario, el más importante del año en Andalucía, es sin duda un buen momento para recapitular sobre lo que ha supuesto, durante estos últimos meses, la gestión judicial que ha realizado la Junta con los asuntos de todos; un tema que, siendo tantas los materias a tratar y de tanta gravedad, será probablemente abordado en el debate por los portavoces parlamentarios sólo de un modo tangencial.

En este aspecto, como en casi todos los demás, creo que es de justicia reconocer que la gestión realizada en los últimos meses por la Junta ha sido verdaderamente aciaga, al menos a la luz de la cascada de pronunciamientos judiciales desfavorables para las tesis del Gobierno andaluz que hemos ido conociendo.

Comenzando por la penúltima en producirse, creo que conviene destacar la resolución dictada estos días por la juez encargada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, de la que se infiere la existencia de indicios reveladores de una posible fabricación ad hoc de expedientes administrativos en el feo asunto de los ERE, lo que podría traer consecuencias jurídicas de gran alcance para los eventuales responsables, al tratarse -como todo el mundo sabe- de documentos públicos, y constituir un tipo penal su falsificación.

Pero dejando aparte este caso, en el que se acumulan los reveses judiciales para Griñán -lo de las actas de la Junta ha sido homérico-, creo que podemos resumir en cinco los asuntos de mayor trascendencia sobre los que ha tenido ocasión de pronunciarse en los últimos meses el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad: la declaración de nulidad de los estatutos de la Agencia Tributaria Andaluza, las sucesivas sentencias recaídas en materia de acceso a cargos públicos de personas afines al partido gobernante, la referente al asunto Matsa,  la que anuló el Plan de Calidad de la Educación, y la que declaró la nulidad de los trámites administrativos realizados hasta ahora para el desarrollo del Polígono de Las Aletas en la Bahía de Cádiz.

La declaración de nulidad de los estatutos de la Atrian, en sentencia dictada como consecuencia de una demanda interpuesta por el Safja, es un asunto de tanta importancia que no sólo podría comprometer el funcionamiento de todo el sistema impositivo andaluz, con las graves consecuencias recaudatorias que esto traería consigo, sino que puede constituir un peligroso precedente para los estatutos de las restantes agencias, también recurridos por el referido sindicato, lo que podría desembocar, al fin y a la postre, en una preocupante situación para una buena parte de nuestra Administración autonómica.

Las sucesivas sentencias que declaran la nulidad de las  numerosas resoluciones administrativas que sirvieron para nombrar a personas afines al poder político para el ejercicio de cargos públicos de confianza sin justificación motivada de la elección de las mismas, ni relación de los puestos de trabajo a desempeñar, ni exigencia de titulación específica, ni experiencia alguna para ello, dejan al descubierto, bien a las claras, lo que ha representado el ejercicio del poder cuasi omnímodo del que han disfrutado en Andalucía durante estos años nuestros actuales gobernantes 

La sentencia que declara la nulidad del Plan de Calidad de la Educación, que pretendía maquillar los escandalosos datos de fracaso escolar mediante la concesión de incentivos económicos a los profesores para que así facilitasen el aprobado de más alumnos, deja en evidencia, una vez más, el por qué nuestra comunidad se encuentra a la cola de Europa en calidad educativa y a la cabeza en fracaso escolar.

La sentencia del caso Matsa que anula, por arbitraria e injustificada, la decisión de la Junta de no abrir expediente sancionador a Chaves por incumplir la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, pone de relieve el poco respeto que han tenido nuestras autoridades por el cumplimiento de la ley que estaban obligadas a guardar y a hacer guardar.

Por último, la falta de rigor jurídico demostrado por la Junta en un asunto de tanta trascendencia económica para una provincia con un 32,68% de paro, como es el de la tramitación administrativa del Polígono Industrial de las Aletas, en la Bahía de Cádiz -287 Hectáreas, uno de los mayores de España-, demuestra, en fin, que los 30 años de Gobierno socialista que hemos vivido han sido demasiados y que, precisamente por eso, ha llegado ya la hora de ponerles remedio.