Editorial

La corrupción en el banquillo

ARRANCA mañana en la Audiencia Provincial de Málaga el mayor juicio contra la corrupción urbanística de los que hasta ahora se han celebrado en España: el caso Malaya. Un total de 95 imputados, entre ex alcaldes y concejales del GIL, PSOE y Partido Andalucista del Ayuntamiento de Marbella, funcionarios, empresarios y testaferros del presunto cerebro de la trama, el ex gerente de Urbanismo de la corporación costasoleña, Juan Antonio Roca, se sentarán en el banquillo para enfrentarse a penas que suman más de 450 años de prisión y multas por valor de unos 4.000 millones de euros. La expectación mediática es inusitada. Alrededor de 25O periodistas están acreditados para seguir esta vista oral que se prolongará durante un año, según las primeras estimaciones. Incluso se han habilitado hasta un centenar de togas de reserva para que los letrados puedan hacer uso de ellas en caso de necesidad. También se ha previsto retransmitir por circuito cerrado la vista oral. Y ése es el principal riesgo de contaminación al que se enfrenta la causa. Éste no es un juicio para desvelar problemas de convivencia de famosos imputados y sus parejas, por más audiencias millonarias que registren determinados programas de televisión, entregados desde hace días a sus propios juicios paralelos. El caso Malaya es el paradigma de la corrupción municipal organizada en torno al urbanismo durante los años de vacas gordas. Es esencial determinar las responsabilidades de los encausados por el saqueo sostenido de que fue objeto del Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años del gilismo, que incluso han comprometido la viabilidad económica de un municipio que ahora arrastra de aquella etapa deudas superiores a los 500 millones de euros. Pero también este proceso servirá de examen para comprobar la eficacia de los organismos de control y sanción de las irregularidades cometidas, desde la Junta a la propia Administración de Justicia, que no impidieron que se levantaran más 30.000 viviendas ilegales. Han pasado cuatro años y seis meses desde que se iniciara la actuación policial que causó un enorme impacto. Desde entonces los casos de corrupción urbanística y política se han multiplicado en España. Llega la primera prueba para determinar cómo se defiende la sociedad, con la ley en la mano, frente a esta lacra. Nada debe impedir que la Justicia diga la última palabra. Es lo que se espera.

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