El escándalo saltó en la Navidad de 2005. Mar Villafranca no llevaba ni un año al frente de la Alhambra cuando tuvo que hacer frente a un legado envenenado: la Policía Autonómica detenía a dos personas por una "trama fraudulenta" en la venta de entradas y el control de accesos. El sumario terminó engrosando 90.000 folios, se llegó a imputar a más de 70 personas entre funcionarios, guías turísticos y empresas del sector, y se puso en cuestión la etapa final de quien durante dos décadas había ejercido de sultán de la Alhambra.

Los nueve años de instrucción del juez Miguel Ángel del Arco fueron tan polémicos como las irregularidades que se investigaban por lo mucho que se dilató (algunos implicados hasta fallecieron) y por la munición que supuso para la batalla política: el PP lleva toda la etapa autonómica denunciando que el PSOE maneja la Alhambra como su "cortijo", se cuestiona el uso que la Junta realiza del dinero que se recauda (el "se lo lleva Sevilla" es un clásico electoral) y, en la trastienda, son insistentes las sospechas sobre el desvío de fondos para financiar el partido.

Todo en la Alhambra se vive en exceso. Y con misterio. Lo expresaba hace unos días el propio presidente del TSJA reconociendo que "un año excede el plazo razonable para dictar sentencia" y se ratificó ayer cuando, de repente, volvió a quedar sin fecha el anunciado pronunciamiento de la Sección Segunda de la Audiencia.

Antes y después del caso Alhambra, los delirios de grandeza y las "inercias de los siglos" han marcado buena parte de la historia del monumento. Ya en 1985 una auditoría sacó a la luz el absoluto descontrol en la gestión. Revilla se estrenó de "comisario" sólo unos días después de que el delegado de Cultura descubriera en un cajón 20 millones de pesetas. Se hablaba de un sistema de funcionamiento "medieval", con contratos a dedo, sobresueldos y prebendas. No había contabilidad oficial, pero sí una cuenta oculta en el Banco de Granada...

Hace dos veranos, Villafranca se vio obligada a abandonar su puesto de sultana. El proyecto para construir un gran Atrio desató una inaudita polémica que empañó su gestión y acabó siendo víctima de otro escándalo judicial: las irregularidades detectadas en el servicio de audioguías -otra causa que aún sigue en instrucción-. Reynaldo Fernández, el actual director, se resiste de momento a heredar el puesto de sultán en la Colina Roja. Perfil bajo y pragmatismo. Tal vez sea su mayor acierto si consigue mantenerse al margen del culebrón judicial.