LA consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha entrado en el debate sobre la situación financiera de la sanidad pública y la eventualidad de efectuar recortes en sus prestaciones. Montero ha acusado a algunos gobernantes autonómicos de plantear un "debate hipócrita" al pretender que el Estado se haga cargo de las alarmantes deudas que se han ido acumulando en la gestión de unas competencias plenamente asumidas en su totalidad por las comunidades autónomas. Si son éstas las que han disparado el gasto del servicio público de salud, ellas son también las que deben afrontarlo con las necesarias medidas de austeridad y racionalización del gasto, por ejemplo en medicamentos. ¿También mediante recortes? La consejera tiene una visión decididamente optimista al pensar que no hacen falta ajustes, revisiones ni medidas como el copago en función de la renta de cada usuario. Si las cosas siguen como hasta ahora, cerrar el paso al debate imprescindible sobre este tipo de sacrificios puede suponer que el sistema entre en crisis a causa del envejecimiento de la población y la creciente carestía de los tratamientos y tecnologías de la salud. En el caso de Andalucía, en concreto, la propia consejera cifró ayer la deuda de nuestro sistema sanitario en 550 millones de euros (pagos procedentes de ejercicios anteriores que no se pudieron ejecutar a 31 de diciembre de 2010) y en trescientos días la demora media en el pago. No son cifras menores, teniendo en cuenta que los proveedores y suministradores arrostran una mayor dificultad para recurrir a créditos bancarios debido a la situación de crisis, y que en el caso de las pequeñas y medianas empresas el hecho de no cobrar o cobrar demasiado tarde puede suponer la liquidación de las empresas. Es una cuestión prioritaria que debía ser encarada por todas las administraciones y fuerzas políticas y sociales con espíritu constructivo y de consenso, nunca con la idea de dejar aumentar la deuda hasta que el propio sistema entre en peligro de colapso.