CON el movimiento 15M en fase de transición, haciendo honor a su denominación para, según dicen, expandirse como el Big Bang, analistas y políticos se muestran más confundidos que nunca, y ni siquiera el propio movimiento parece tener claro hacia donde iniciar la expansión. Hacia todas partes debería ser si atendemos al símil cosmológico, aunque resulta difícil ensancharse simultáneamente en todas las direcciones sin poseer esa cualidad de autorreproducirse que tienen las células. Bueno, quizá no sea buena idea utilizar la palabra célula para referirse a un grupo de activistas, que luego vienen los que todo lo simplifican y añaden el adjetivo que mejor les convenga. Mejor no dar ideas. El caso es que los indignados un día se concentran en el parque de la Ciutadella, donde se ubica la sede del Parlamento catalán, y al día siguiente varios diputados son agredidos mientras que otros tantos tienen que acceder al recinto pertrechados en furgones policiales e incluso en helicóptero. El acto pone de acuerdo a todos los partidos y a los portavoces del movimiento en su condena. Las portadas de los diarios pasan en un solo día a llamarlos "grupos radicales" o ese otro que tanto me gusta, "los violentos". El ataque ha sido repudiado de forma unánime y desde todos los sectores se ha apelado a los principios básicos del estado de derecho para calificarlo de intolerable. Está bien. Los más irresponsables tendremos que seguir reprimiendo nuestra querencia jacobina.

Pero a la espera de que este movimiento sin cabeza sea capaz de articular unas pocas propuestas negociables más allá de las mil asambleas internas que celebran diariamente, en justa reciprocidad también deberíamos exigirles a los políticos que cumplan con esos principios básicos de la democracia. Todos han intentado arrimar el ascua de los indignados a su sardina, unos con más caradura que otros, desde Cayo Lara, que salió escaldado de su presencia en una acto de protesta contra un desahucio, hasta González Pons, que se ha hecho el gracioso en más de una ocasión con guiños demasiado forzados para ser creíbles. Estos principios exigibles en primer lugar a los próceres de la patria incluyen la renovación del Tribunal Constitucional en tiempo y forma, por ejemplo. Un caso flagrante en el que se pone de manifiesto que los partidos atienden antes a sus intereses que a los principios del estado. Aunque tal vez estemos exagerando, el TC no sea tan importante y su renovación se pueda aplazar hasta que un partido en particular se asegure de poder colocar a sus afines para que fallen a su favor. Si Bélgica no ha dejado de funcionar por más tiempo que haya estado el país sin gobierno, igual es que no es tan necesario como damos por hecho. A ver si al final los políticos nos van a descubrir las bondades del anarquismo.