últimamente no alcanzo a colmar mi capacidad de asombro y eso, la verdad, es que, a determinadas edades podría ser una cierta suerte, si no fuese porque a la par del asombro surge la decepción. Sí, yo se que no nos cansamos de afirmar continuamente que la sociedad española ha alcanzado una evidente mayoría de edad y que hace decenios que no nos regimos por los caprichos de una minoría influyente. Eso dejó de practicarse cuando, en 1978, aprobamos la Constitución.

Sin embargo, el caso que periodísticamente se ha venido a denominar de "Juana" -Juana Rivas- ha sido uno de los motivos que me ha venido casi a echar por tierra esas creencias mías que, ahora estoy seguro, no estaban, ni están, exentas de cierta ingenuidad.

Ya sabemos que en nuestro país, la violencia de género masculino viene a cobrarse, cada semana, más o menos, una mujer muerta, asesinada y por lo general de forma brutal, cruenta y sañuda. Sin ninguna sutileza. No, aquí, los varones que matan a las mujeres que creyeron amar (¿) lo hacen, casi siempre, con enorme brutalidad, con desmedida crueldad con inexplicable histrionismo y violencia, muy alejados gestos, seguramente, de aquellos otros en los que debió primar el amor y la ternura del enamoramiento.

Pero todo eso no puede justificar que una madre pueda secuestrar; en su desesperación, sí, de acuerdo; a sus propios hijos, tratando de salvarlos (¿) de un padre que ella sola determina unilateralmente que es peligroso o nocivo para esos hijos comunes, constituyéndose así en juez, parte y ejecutora de su convicción y voluntad, que se convierten en sentencia, sin juicio, sin defensa alguna, sin respeto, ni tutela, ni garantía de los derechos de los niños ni del padre a seguir amando y disfrutando a sus vástagos. Y todo ello jaleado por la turba callejera; ¡"Fuenteovejuna" en un Estado de Derecho!; que, sin más, ratifica la condena, justifica el secuestro, presiona a la judicatura y hace que los medios de comunicación multipliquen el efecto -en ausencia veraniega de otro monstruo del lago Ness- manteniéndose la situación durante un mes o algo más, hasta que los jueces -o algún juez- reacciona haciendo aplicar las leyes que tenemos, las mismas que son de obligado cumplimiento para todos y que, si no parecen las adecuadas a la mayoría de ciudadanos, debieran de modificarse en el Parlamento, pero mientras tanto, han de cumplirse.

Sí, los jueces son los que tienen que hablar, ordenar, restablecer el necesario equilibrio, hacer que en medio del griterío no se diluyan los derechos -ni las obligaciones- de nadie y podamos seguir creyendo que es verdad que nos ampara el Estado de Derecho -a todos- y que aquí no hacemos cada uno lo que nos de la gana, por mucha o muchas razones que creamos que tenemos. Nunca por encima de los jueces ni de las leyes. ¿O no?