La tribuna

Ramón Iglesias Pérez

La encrucijada de la VPO

DURANTE estos años toda la política urbanística y de vivienda de la Junta de Andalucía ha estado encaminada a garantizar, mediante la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda, el acceso a una vivienda digna y adecuada a todos los andaluces.

Las recientes medidas que se pretenden poner en práctica van a imposibilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan de la Vivienda y Suelo 2008-2012 de la Junta de Andalucía, además de generar efectos muy adversos en el sector inmobiliario, especialmente en el de la vivienda protegida.

En primer lugar, la supresión de las ayudas directas a la entrada en la compra de vivienda y la disminución del 40% de ayuda al alquiler, van a impedir el cumplimiento de la propia Ley de acceso a la vivienda protegida, en la medida que va a imposibilitar a los adquirientes cumplir con el requisito de dedicar al pago mensual menos de un tercio de sus ingresos en el caso de la compra y menos de un 25% para el alquiler. De ninguna manera estas medidas se suplen con el incremento del 80% al 90% en la cuantía del préstamo hipotecario que, además de incrementar las cuotas mensuales, llevará a las entidades financieras a exigir más garantías complementarias a los adquirientes, disminuyendo las posibilidades de acceso a la vivienda.

Según datos recientemente publicados por la propia Consejería, de los 30.000 primeros inscritos en el Registro Público de Demandantes de vivienda protegida, el 92% tiene ingresos inferiores a 18.000 euros anuales. Esto nos da una idea de la repercusión que va a tener esta medida, al dejar fuera de mercado a un porcentaje importante de la población.

Es inaceptable que unos Planes de vivienda puedan ser modificados en su esencia justamente en la mitad del trayecto y en el momento en el que los agentes de la vivienda protegida están intentando superar las extraordinarias dificultades que entraña el mantenimiento de su actividad, fundamentalmente por el escaso interés que tienen las entidades financieras, por imperativo del Banco de España y del propio Mercado, en financiar nuevos proyectos inmobiliarios hasta que se deshagan de sus carteras de inmuebles.

Además, la paralización del sector ahonda en la pérdida de 2,4 puestos de trabajo por cada vivienda sin construir e, incomprensiblemente, se dejan de percibir ingentes impuestos directos (IVA, ICIO,...) amén de cotizaciones a la Seguridad Social. Las ayudas del Plan, que ahora se pretende eliminar, no son un gasto sino una inversión que contribuye a resolver un problema social y que revierten sobradamente, vía ingresos, a la Administración.

Entre la maraña legislativa de los últimos años y dificultando aún más la gestión de la VPO, se aprueba recientemente la Orden que regula los registros municipales de Demandantes, como sustitución al sorteo, instrumento que respetaba los principios de igualdad, publicidad y concurrencia y que las promotoras llevaban a cabo con normalidad. Muchos ayuntamientos, a estas fechas, no tienen elaborados los registros ni se han planteado acometer los preceptivos planes municipales de vivienda, ni mucho menos programar y gestionar las nuevas competencias relacionadas con la vivienda protegida, especialmente el otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de éstas, circunstancias que entorpecerán aún más el desarrollo de las promociones.

En estos momentos en los que la demanda se mantiene débil y no reacciona frente a los ajustes de precios esta medida conlleva un esfuerzo ímprobo y no aporta datos fiables, ya que la situación de los adquirientes y sus expectativas cambian continuamente; las renuncias se suceden de manera compulsiva y las listas de espera se agotan, bien por la situación económica de los demandantes, bien porque las entidades financieras no facilitan los créditos por falta de garantías.

Pese a todo lo anterior nos encontramos con una paradoja que hay que resolver: hay un exceso de oferta en el mercado de la vivienda y, por otro lado, un problema de acceso a la misma para una amplia capa de la población.

Y, en este sentido, es necesario resolver la financiación, tanto para los adquirientes como para los promotores. Las entidades financieras han sido parte importante del origen de la crisis y ahora deben ser parte de su solución. Se impone un necesario ajuste de los precios de la vivienda de renta libre para deshacerse del importante stock que poseen, satisfaciendo así al segmento medio-alto de población y consiguiendo acelerar la vuelta a la normalidad de la actividad constructora y del crédito.

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