EL 23,7% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan, según el informe publicado por la OCDE dentro de su Panorama de la Educación 2012. Es la cifra más alta de Europa y se sitúa casi ocho puntos por encima de la media de los países desarrollados. Solamente Turquía, Israel y México superan esta tasa en el conjunto de las naciones que integran la citada organización. Prácticamente uno de cada cuatro jóvenes no se han podido integrar en el sistema productivo español ni dedican su tiempo a formarse para acceder al mismo en el futuro en mejores condiciones. Son los llamados popularmente ni-nis, que en nuestro país se acercan a los dos millones. La mera cifra, sin mayor análisis sociológico, define la dimensión de un problema social muy grave, a la que vez que supone la constatación de un gran fracaso colectivo. Se trata de una parte sustancial de una generación que abandonó los estudios para emplearse en la construcción y los servicios en los años de bonanza económica, ha terminado en el paro y se encuentra con una escasa cualificación que le impide encontrar puestos de trabajo alternativos y, a la vez, con serias dificultades para reingresar en el sistema educativo, bien por la poca entidad de los programas de segunda oportunidad, bien por su propia voluntad de no afrontar una nueva etapa de estudiante. Su existencia invita a pensar que tal vez sea la potenciación de los estudios de Formación Profesional de grado medio la vía más adecuada para reintegrarlos en el mercado de trabajo tras una etapa de vuelta a las aulas. En cualquier caso, revela un problema de fondo: por un lado, es un despilfarro que casi dos millones de muchachos no estén realizando aportación alguna a la economía nacional ni cualificándose para hacerlo en el futuro inmediato; por otro, se está creando un caldo de cultivo para la frustración de un colectivo numeroso y la consiguiente aparición de fenómenos de disgregación social y conflictividad. Seguramente lamentaremos mañana lo que no estamos haciendo hoy al respecto.