EL presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, han pedido al Gobierno central que el Consejo de Ministros apruebe recuperar la totalidad del trasvase del Ebro y advertido de que en caso contrario presentarán un recurso al Tribunal Constitucional, en defensa del principio de igualdad que reconoce la Constitución. La 'guerra del agua' abierta de nuevo por las comunidades gobernadas por el PP, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, para llevar agua a Barcelona desde el Ebro, tiene excesivos matices políticos y muchos menos de verdadera gestión. La derogación del trasvase del Ebro al Levante español con la llegada de Zapatero al Gobierno en 2004 vino acompañada de distintos planes, basados en la construcción de desaladoras y procesos de reutilización, que sustituirían la obra faraónica del Plan Hidrológico Nacional. En Almería, por ejemplo, esos planes contemplaban una inversión cercana a los 400 millones de euros y la construcción de cuatro plantas desaladoras que acabarían con el déficit hídrico de esta provincia, cifrado en 320 hectómetros cúbicos. La reivindicación por el Partido Popular del trasvase del Ebro no ha decaído en los últimos cuatro años. En parte, porque el agua es un granero inestimable de votos (ahí están los resultados electorales de Valencia, Murcia o Almería) y en parte, porque el Gobierno no ha cumplido con sus promesas. La legislatura ha pasado con la firma de numerosos convenios con regantes y ayuntamientos, pero Almería, Murcia, Alicante, Valencia o Castellón no han obtenido un hectómetro más de los que ya tenían. La solución al problema debe ser conjunta: infraestructuras de trasvases sí, para detraer los excedentes de allí donde los haya, y procesos de desalación también, porque garantizan el líquido elemento evitando la confrontación política sobre los derechos del agua. Y por encima de ambos, el principio de solidaridad.