Una curiosidad, una maldad, una idea. Primero, la curiosidad. El subdelegado del Gobierno en Granada se ha limitado a admitir la entrega de un documento de la Plataforma por la defensa de la permanencia de las secciones de lo Penal en la Real Chancillería, en tanto que el de Málaga se ha integrado de manera activa en la plataforma local que exige la división de las mismas y el establecimiento de una de ellas en la capital de la Costa del Sol. El de Granada actúa como un burócrata; el de Málaga, como un lobbysta. Ambos dependen del Partido Popular y del Ministerio de Interior, cuyo titular, Juan Ignacio Zoido, además de pertenecer al PP y de haberlo presidido en la comunidad, es juez, sevillano y antiguo alcalde de Sevilla. ¿Llamativo, no?

Ahora, la maldad desmentida. El consejero de Justicia, el Consejo Consultivo de Andalucía, el alcalde Francisco Cuenca y altos cargos del PSOE provincial se han manifestado en favor de la permanencia de la capitalidad judicial real de Granada. Faltaba Susana Díaz, quien, anoche, aquí mismo, declaró que defenderá "lo que es justo", la permanencia del TSJA en Granada, "para que nadie juegue al enfrentamiento entre territorios". La presidenta andaluza calla así antes de que hablen los malpensados que entendían que el PSOE andaluz, donde las organizaciones de Sevilla y Málaga son infinitamente más potentes que la granadina, permitiría la división siempre que el trabajo sucio lo hicieran los magistrados de la APM y el Ministerio del PP, con lo cual la jugada sería perfecta; y el gasto político, cero.

Y la idea. Granada es una provincia política y económicamente anémica, luego difícilmente los argumentos jurídicos, la indignación ciudadana y la protesta coordinada de sus élites podrán torcer la decisión tomada por la Junta de Gobierno del TSJA y lograr su rechazo en el Consejo General del Poder Judicial o en el Gobierno. Sólo con la intervención de la presidenta (ya encaminada) y una declaración solemne del Parlamento andaluz en defensa de la capitalidad judicial, del espíritu del Estatuto y del respeto a las decisiones de la soberanía popular en el momento fundacional del Estado de las autonomías podría deshacer el entuerto. Parece que algunos diputados autonómicos granadinos lo emplazarán a hacerlo, lo que servirá, al menos, para conocer si hay voluntad de reducir los motivos de agravio y construir de manera solidaria Andalucía. Han estado rápidos. También Susana Díaz y sus asesores. El riesgo de que en Granada cundiera la sensación de que se le ha perdido definitivamente el respeto era grave.