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Rafael Padilla

Otra iniquidad

PUDIERA ser que me esté haciendo viejo y que ya no entienda la lógica de las nuevas ideas. O que me superó el ritmo de la historia y que aquello en lo que siempre creí carezca ahora de validez. Pero, antiguo que es uno, me siguen arañando las tripas los ataques miserables contra la libertad de cada cual. Aún más, si resultan amparados, y hasta aplaudidos, por quienes se autoproclaman en la vanguardia del pensamiento y dicen portar la antorcha del progreso.

Gloria Lago es presidenta de Galicia Bilingüe, una asociación que lleva años defendiendo lo que, según sus oponentes, son peligrosísimos principios: que se respeten las dos lenguas oficiales de Galicia, que la Administración se abstenga de imponer hábitos lingüísticos, que se permita la educación en el idioma que elijan padres y alumnos. Por propugnar objetivos tan "estrafalarios", la vida de Gloria se está convirtiendo en un infierno. El último incidente incluye amenazas de muerte, pintadas insultantes y destrozo de sus bienes. También lo que me parece más grave: el absoluto desamparo de todas las fuerzas políticas, el silencio desolador de cuantos deberían garantizar derechos básicos, el desprecio, incluso, de quienes apenas ayer cimentaron su mayoría parlamentaria en esos mismos anhelos.

El fenómeno, que encuentra sus mejores ejemplos en el País Vasco y en Cataluña y que se extiende sin remedio -Valencia, Baleares, la propia Galicia-, se fundamenta en la falacia de los llamados derechos colectivos, ésos que pertenecen al grupo como tal (para ser más exactos, los que le atribuyen una minoría a menudo totalitaria y de muy dudosa legitimidad democrática). Falacia perversa, por otra parte, que en el siglo XX nos dejó exterminios pavorosos en nombre de grandes abstracciones -el proletariado, la raza- y que, en los inicios del XXI, hace fortuna en nuestro país entre los neonacionalistas paradójicamente de toda ideología.

Ignoran maliciosamente éstos el criterio esencial: todo el sistema descansa sobre el respeto a los derechos individuales. Imponer contra la voluntad de cualquier individuo usos que se afirman derivados de supuestas tradiciones culturales, religiosas, filosóficas o del tipo que sean, constituye un ataque inadmisible a la dignidad personal y un error que socava y arriesga logros seculares.

Tal vez el lector entienda que los hechos que comento carecen de importancia. Nada más lejos de la realidad. Son, sobre todo, un síntoma -otro- de la locura que prende, del abandono de valores inescindibles de nuestra civilización que, con el fervor de unos y la inacción políticamente oportunista de otros, se está perpetrando aquí y ahora.

Una iniquidad, al cabo, a la que no podemos -ni nosotros, ni aquéllos a los que, cuando conviene, se les llena la boca de grandes palabras- seguir prestando la intolerable complicidad de nuestra culpable indiferencia.

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