La tribuna

María José Sánchez Rubio

La inmigración a debate

RECIENTEMENTE el Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley que reforma la Ley Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. En él se definen las prioridades de la política migratoria: la integración de los inmigrantes, la canalización legal y ordenada de flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular, estableciendo su desarrollo de acuerdo con la política común europea de inmigración en lo relativo a la cooperación con terceros países de origen y tránsito de inmigración y en coordinación de las actuaciones entre las Administraciones públicas con competencias en la materia. El anteproyecto de ley que ahora presenta el gobierno socialista reforma los preceptos inconstitucionales de la Ley 8/2000 promovida por el PP y conocida como Ley de Extranjería, reconociendo a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, los derechos fundamentales y su protección jurídica.

Creemos necesario adaptar el marco legislativo a la nueva realidad migratoria en España de forma que permita a los poderes públicos perfeccionar el sistema de ordenación de los flujos migratorios de acuerdo a nuestra capacidad de acogida, así como orientar la política migratoria hacia la sociedad española y a quienes ya residen en nuestro país, garantizando la convivencia y situando la integración como eje central de nuestra política migratoria. Por primera vez se da rango legal a la política de inmigración incorporando las normas y medidas que se han ido adoptando en esta materia, como consecuencia de los acuerdos con los agentes económicos y sociales, que vinculan la llegada de inmigrantes a la situación del mercado de trabajo. A la vez se recogen las medidas que aumentan el control de la inmigración irregular, sin merma del elevado nivel de garantías y seguridad jurídica del que goza nuestra legislación y se incorpora lo acordado en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, en el que España ha participado activamente.

Se da por tanto, rango de ley a la política migratoria y a los principios en que debe basarse, destacando el papel que se otorga a la integración. Así, se establece la obligación de los poderes públicos de promover "la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley". Para lograrlo se prevén nuevas vías y los recursos económicos necesarios. Destacan en el anteproyecto el papel integrador que se da a la educación y las medidas que se establecen para la consolidación del núcleo básico familiar.

La educación, el acceso al sistema educativo, además de derecho fundamental, es el medio que permite a los niños que no han nacido en nuestro territorio llegar a compartir los valores constitucionales de nuestra sociedad. Les da también los conocimientos teóricos y prácticos para su incorporación a la actividad productiva, para labrarse un futuro en nuestra tierra como cualquier otro ciudadano.

En cuanto al núcleo familiar, se reconoce su papel fundamental en el proceso de integración. Por ello se avanza en su protección mediante el reconocimiento del derecho a trabajar del cónyuge y de los hijos mayores de 16 años reagrupados; la simplificación de tramites haciendo coincidir la solicitud de reagrupación con la primera renovación del permiso de residencia; los nuevos mecanismos que garantizan la efectividad de la escolarización inmediata de los niños reagrupados; la equiparación de derechos para las relaciones de afectividad análogas a las conyugales.

Las políticas de integración se extienden a un conjunto de aspectos más amplios y diversos. Para acometerlos con éxito son necesarias una estrecha colaboración y coordinación institucional entre todas las Administraciones implicadas y, por supuesto, recursos económicos suficientes que contempla la reforma legislativa.

En estos momentos de crisis económica, en los que el paro está siendo uno de los temas más preocupantes, debemos dar muestra de sensibilidad y compromiso en materia migratoria, siendo conscientes de que la integración es un instrumento fundamental para evitar que la población inmigrante sea considerada competidora en el ámbito laboral y en el acceso y disfrute de los servicios públicos. Para que esto ocurra se precisa la lealtad de todos los grupos políticos, la de los interlocutores sociales y la concurrencia de toda la ciudadanía de nuestro país.

El anteproyecto contiene todos los elementos para lograr, por la vía del diálogo y el consenso, un pacto social y político y, por tanto, un marco jurídico estable sobre inmigración, que garantice el respeto de los derechos y sea impulsor de la convivencia en una sociedad plural como la nuestra.

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