Coinciden en el digital de Granada Hoy dos noticias inquietantes. La primera da cuenta de las declaraciones ante la Audiencia de Sevilla del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien afirma que él tampoco sabía nada (y de él para arriba, igual). Fernández "despachaba las líneas generales" y las adjudicaciones de los fondos de los ERE dependían de Francisco Javier Guerrero, el director general, al que, afirma, nunca ordenó que concediera una ayuda. El fiscal ha tratado de desmontar su versión con un documento en el que el consejero pide a su subordinado que "se apruebe la subvención (…) al igual que en otros casos similares". La dirección General de Seguros estima que el fraude supera los 150 millones de euros.

La otra noticia informa que el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales para paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana, para lo que se sustenta en el riesgo sísmico apuntado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el hecho de que la empresa promotora habría "rebasado el riesgo por inundaciones en el caso el subproyecto de Marismas Occidental". ¡Curioso! La Junta se corrige a sí misma, puesto que en otoño de 2010 concedió la autorización ambiental a la iniciativa en el entorno de Doñana, a 300 metros del espacio protegido. En ese momento el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana por nombramiento del Gobierno andaluz era Felipe González. El azar quiso que Gas Natural, la empresa promotora, fichara como asesor al expresidente unas semanas después. González desafío la estética política más elemental y compatibilizó ambos cargos, los de protector de Doñana y consejero de la gasística, durante otros dos años, siendo presidente José Griñán. Y aún aguantó, aburrido y con su complejo de jarrón chino, dos años y medio más en la compañía, a razón de 127.000 euros anuales.

Es de imaginar que González, como los presidentes y un racimo de consejeros de la Junta en los ERE, también sobrevolaba en la presidencia del Consejo de Doñana y no fue advertido seriamente de los riesgos futuros para el Parque Natural. En el más piadoso de los casos, todos actuaron como auténticos reyes merovingios, como prestigiosas inutilidades ajenas a la realidad mientras a su alrededor cundía el desastre. Gas Natural ha reclamado 358 millones de euros por la paralización arbitraria de las obras. ¡Qué caro puede llegar a salir un jarrón chino!