Un tercio del Metro. Hasta diez carreteras pendientes en Granada, desde la Ronda Sur de Motril hasta la Autovía Darro-Iznalloz pasando por los nuevos accesos y circunvalaciones proyectadas en Órgiva, Alhama, Baza o Pinos Puente. La mitad de las obras de depuración que hacen falta en la provincia… Esto no es una carta anticipada a los Reyes Magos; son los cálculos que esta misma semana ha realizado el PP para explicar, con realidades, lo que suponen los más de 165 millones que tendremos que pagar a Tomás Olivo por haber paralizado durante toda una década la gigantesca mole del Nevada.

Mitad populismo mitad demagogia, el listado de futuribles de inversión podría llevarse al infinito. Pero si nos quedamos en el pragmatismo del hoy y del ahora, lo que hace la indemnización millonaria del complejo comercial es poner rostro y números a un cúmulo de despropósitos y disfunciones que afectan, por supuesto a la Política, pero también a la Administración y a la Justicia.

Vayamos por partes... Se debata o no el escándalo en sede parlamentaria, y desconfiando de entrada de que las peticiones de explicaciones del PP y de Podemos sirvan para algo, ¿realmente se puede sostener que no hay "responsabilidad política alguna"? ¿Nadie en toda la Junta, de Sevilla a Granada, tiene culpa directa o indirecta? ¿Ni siquiera recurriendo al pecado del 'in vigilando' que tan de moda ha puesto Esperanza Aguirre?

Lo curioso es que, mucho antes del desenlace final, el Centro Nevada ya fue un calvario para los propios concejales con una lección de responsabilidad que se ha retomado ahora en el caso Serrallo: ser concejal es algo más que dar ruedas de prensa, seguir las consignas del partido y salir en la foto. No pueden limitarse a dar el voto sin conocer lo que se aprueba porque haya un "principio absoluto de confianza". ¿Cuánto dinero gastamos en mantener a nuestros políticos para que no sepan lo que firman? Para que no entiendan de planes parciales, de licencias, de letras ni de números. La concejal del PP Telesfora Ruiz ha llegado a decirle a la jueza que había veces que ni levantaban la mano para votar, que bastaba con su mera presencia… ¿En serio? No sé si presuponerles incompetentes, lamentar su dejadez o sospechar justo lo contrario: que han querido ser más listos que nadie. El caso es que debe ser tremendamente contagioso porque es un argumento que escuchamos, una y otra vez, sin ningún atisbo de complejo, desde el último edil de pueblo hasta cualquier director de banco. Desde las ministras que no saben que hay un Jaguar en el garaje hasta todo un fiscal Anticorrupción que ignora que tener una offshore en Panamá sonaría a corrupción pasando por las alegres tonadilleras y las despreocupadas infantas.

Pero pasa con los jefes... y con los empleados. No sé a qué letrado de la Junta se le olvidó acudir a la vista de hace justo un año, pero cuesta pensar que no haya motivado ni una investigación interna. Ni un expediente sancionador. Los funcionarios no pueden ser intocables. Cualquier metedura de pata, más de tal calibre, costaría el puesto en la empresa privada. De inmediato. En este caso, sólo hay excusas y opacidad. La propia Junta y el PSOE se escudan en "criterios técnicos y jurídicos" para decir que durante todo este tiempo han actuado defendiendo el "interés general". Para explicar por qué, en los diez años en que se ha ido solapando la vía contenciosa con la penal, no pidieron levantar la medida cautelar de paralización de obras. Ni siquiera cuando en 2011 la Audiencia Provincial dictó la sentencia que condenaba a los promotores pero indultaba el edificio. Por qué la Junta no hizo nada justo al día siguiente de que toda España supiera que el Nevada no iba a ser un Algarrobico; que no se iba a demoler…

Sobre todo esto llevamos semanas debatiendo. Sin embargo, no he leído un solo reproche sobre la responsabilidad de los jueces. En primera instancia y por parte de los magistrados del TSJA que acaban de ratificar, y hasta elevar, la indemnización a Tomás Olivo. Porque tal vez no sea un argumento publicado pero sí compartido: prestigiosos juristas de esta ciudad se preguntan por qué no se pidió una pericial de oficio, independiente, para contrarrestar los informes de parte aportados por el promotor. Si los jueces no deben velar, también, por el interés general. Si, además de darnos lecciones a todos los demás, no deberían hacer también autocrítica. Si, además de condenar, no deberían -por ejemplo- establecer los cauces para garantizar que se recupera el dinero de la corrupción. Si nadie pensó, más allá del necesario tirón de orejas a la Junta, cómo evitar que seamos los andaluces quienes acabemos costeando el imponente Centro Nevada.

Siendo realistas, aunque todavía quede la vía del recurso al Supremo, es puro procedimiento. Una vía fallida de entrada porque en esa instancia no hay posibilidad de presentar un contrainforme que desmonte las expectativas de negocio, el daño y el lucro cesante, que constituyen la base de la condena. Hay quienes piensan que simplemente con haber esperado unos meses, los jueces podrían haber tenido los datos reales con el balance de explotación del primer año. Yo no me confiaría... El propio empresario dijo en su día a este periódico que sería su "mejor opción", que saldría ganando (más). En aquel momento sonaba a farol; hoy invita a ser prudentes: ¿y si recurrimos al Supremo y eleva (otra vez) la indemnización?

Penúltima lección: no tentar la suerte...