La ley hay que cumplirla

LA ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el Parlamento nacional en 1985, durante el primer Gobierno socialista, estableció de forma taxativa los tres supuestos en que se permitía en España el aborto. La malformación del feto, la violación y el riesgo para la salud física o psíquica de la mujer eran las únicas posibilidades de abortar bajo el amparo de la ley, y es lo que han hecho decenas de miles de españolas desde entonces, acabando con la situación heredada del régimen anterior, en la que las mujeres que quisieran abortar tenían que pagárselo en el extranjero o someterse a abortos clandestinos y muy peligrosos. Mientras a algunos sectores conservadores, y en particular a la Iglesia Católica, les ha parecido inmoral la despenalización del aborto, otros grupos sociales estimaron corta la legislación de 1985 y en los últimos años han hecho campaña por una ley más flexible, que contemplara un sistema de plazos establecidos para abortar con la sola voluntad de la embarazada. Lo ocurrido con varias clínicas barcelonesas en los últimos tiempos indica que hay individuos que directamente han decidido, en beneficio propio, aplicar por su cuenta una inexistente ley de plazos. La juez que lleva la investigación decretó ayer la prisión incondicional para tres de los detenidos bajo la acusación de delitos de aborto, asociación ilícita, instrusismo y falsedad documental. Las informaciones que se vienen suministrando dibujan un panorama de irregularidades muy extenso, desde la práctica de abortos en las últimas semanas de gestación hasta la falsificación del reconocimiento psicológico exigido a la gestante, pasando por la supuesta falsificación de la firma del cirujano que realizaba las intervenciones. La prensa internacional había llamado la atención sobre estas clínicas, especialmente atractivas para aquellas mujeres de países con una legislación estricta sobre el aborto. Pero es que también el nuestro lo es. Sólo que en este caso algunos individuos codiciosos habían montado un repugnante negocio practicando abortos fuera de la ley. La Justicia debe ser rigurosa con los culpables, una vez demostrada su responsabilidad.

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