MAÑANA sábado quedarán constituidos formalmente los nuevos ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones del 22-M. Con independencia de las nuevas mayorías políticas emanadas de las urnas, una buena parte de ellos tendrán que hacer frente de forma inmediata a uno de los males endémicos de la Administración local: el alto nivel de endeudamiento de las arcas públicas. El problema de la financiación de los ayuntamientos es una cuestión estructural que hasta ahora la democracia española no ha sido capaz de resolver, a pesar de la cantidad ingente de recursos (ahora precisamente en el punto de mira de la UE) que la Administración central ha puesto en las últimas décadas en manos de las comunidades autónomas. La caída de los ingresos procedentes de la actividad urbanística -principal causa de la crisis- no ha hecho sino agravar la mala situación de partida, en algunos casos hasta límites insostenibles. Se trata de un fenómeno de hondo impacto social, dado que los municipios son los principales prestadores de servicios públicos. Los distintos alcaldes, salvo honrosas excepciones, y con independencia de su color político, no han gobernado con la austeridad suficiente. Casi hasta el comienzo de la profunda recesión en la que nos encontramos muchos de ellos incluso ampliaron las plantillas municipales de forma discutible. También se ha abusado de la creación de empresas y organismos municipales, que han duplicado la Administración, y de la contratación de asesores y la práctica de gastos superfluos. Todo ello hace más difícil cumplir la obligación presupuestaria de reducir el déficit público en los próximos años, lo que en algunos sitios puede llegar a incidir en la prestación de servicios públicos. Los ciudadanos no deben pagar por sistema los errores de gestión de sus alcaldes. Es necesario un pacto político para dar oxígeno a los municipios, pero sin olvidar la necesidad de habilitar fórmulas legales para que la situación no vuelva a repetirse.