LA Ordenanza de la Convivencia lleva seis meses en funcionamiento y, a falta de saber si los ciudadanos de Granada son más o menos cívicos, lo que sí queda claro es que está siendo una fuente importante de recursos económicos en forma de multas para las arcas municipales con sus dos grandes caballos de batalla: la prostitución y beber en la calle fuera de los espacios habilitados. El segundo de ellos ya estaba más que perseguido tras la construcción del botellódromo y la prohibición de consumir alcohol fuera de esa delimitación física. La primera, que ha levantado polémica por las notificaciones que llegan a los domicilios de los infractores, se ha descubierto como una buena fuente de ingresos. La Policía Local ha puesto más de 320 denuncias relacionadas con la prostitución, que supondrán que el Consistorio ingrese más de 348.000 euros por las multas, lejos de los 60.000 recaudados por las sanciones impuestas a los que osaron beber en las aceras lejanas al botellódromo.