SI no he entendido mal, en los terrenos de Vega aledaños al Parque Tecnológico de la Salud hay tres cortijos levantados ilegalmente por sus propietarios. La Junta de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Granada que restituya el orden urbanístico burlado. La forma más expedita de acabar con las construcciones indebidas es, como nadie ignora, mandar a las excavadoras y echar abajo las tapias, pero el Ayuntamiento ha optado por una solución literalmente más constructiva. Consiste en modificar la calificación del suelo de las parcelas, darle un alegrón del carajo a los cortijeros que, de la noche a la mañana, y gracias a su audacia, comprobarían cómo sus cobertizos serían inmediatamente legalizados y sus terrenos, de escaso valor, incrementarían astronómicamente el precio. Y para que nadie piense que el Ayuntamiento tiene una preferencia especial por estos concretos cortijeros autorizaría además las edificación de otras 822 viviendas.

La salida ideada por el Ayuntamiento me ha parecido tan increíble que he leído varias veces la información temiendo que me hubiera saltado un párrafo o que, contaminado por los efectos del Informe PISA, no hubiera comprendido el sentido último de la noticia. Pero no, por irreal que resulte es esa, y no otra, la solución que los responsables del Urbanismo municipal han dado para legitimar los cortijos. Desde un punto de vista matemático la propuesta es aún más dramática: por tres cortijos se permiten 822 viviendas, lo que da una media de 274. No sé cuántos cortijos ilegales habrá en los alrededores de Granada pero, por pocos que sean, de aplicarse una solución semejante, el resultado sería abominable. Abominable, sí, pero desde luego constructivo.

Hay, sin embargo, un procedimiento alternativo para disuadir a los cortijeros que he bautizado como la solución Parquigrán en honor a José Pizarro, su inventor y propietario del aparcamiento de San Agustín. Pizarro ha decidido inmovilizar con un cepo los automóviles de los propietarios que no paguen la parte alícuota de las obras que emprendió obligatoriamente para corregir los defectos de edificación. La solución consistiría en emparedar los cortijos ilegales con sus propietarios dentro hasta que aceptaran derruirlos, como si fueran cepos. Sé que es una solución menos delicada que convertir los terrenos directamente en urbanizables pero como alternativa funciona.

El lector me podrá reprochar a estas alturas que la mía es una propuesta disparatada. Tiene razón. Es disparatada pero en la misma medida que lo es la táctica del Ayuntamiento para adentrarse de una vez en los diezmos de tierra que resisten en la Vega y del propietario del aparcamiento de San Agustín para cobrar a toda costa a los usuarios. ¡Qué manicomio!